En 2021, el hecho de que se siguiera recurriendo a medios militares en vez de diplomáticos y políticos provocó desplazamientos de considerables proporciones, que expusieron a los civiles a un nivel mucho mayor de violencia sexual. Entre otros factores que también agravaron la violencia sexual generalizada y sistemática relacionada con los conflictos, incluso en medio de una pandemia, cabe citar la creciente desigualdad, la mayor militarización, la reducción del espacio cívico y la circulación ilícita de armas pequeñas y armas ligeras.
Las mujeres que trabajan en la consolidación de la paz y defienden los derechos humanos fueron muchas veces un blanco específico de la violencia sexual y el acoso como forma de represalia con el fin de excluirlas de la vida pública. También fueron objeto de represalias e intimidación los activistas y las personas que trabajan para visibilizar la difícil situación de los supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos, defender sus derechos y ayudarlos a que accedan a la justicia y a los servicios.
Violencia sexual en el contexto de la pandemia
La violencia sexual obstaculizó aún más las actividades de subsistencia de las mujeres, en contextos en que las perturbaciones económicas y la pobreza se vieron agravadas por los conflictos prolongados y las restricciones impuestas con la pandemia.
Estas tendencias surgieron en un momento en que la crisis mundial de salud pública derivada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ya había reducido el acceso humanitario y hecho que los recursos destinados a los servicios vitales de atención ante la violencia de género se asignaran a otros fines, lo que había afectado muchísimo a las supervivientes, en particular las mujeres y las niñas desplazadas.
El gasto militar superó la inversión en atención sanitaria relacionada con la pandemia en ciertos países que se encontraban en una situación de fragilidad o conflicto (véase S/2021/827).
Asesores de protección de las mujeres
Gracias a la presencia de asesores de protección de las mujeres, que se encargan de convocar los arreglos de vigilancia, análisis y notificación de casos de violencia sexual relacionada con los conflictos sobre el terreno, se ha podido obtener información más oportuna, precisa y fiable y superar así la escasez de datos que suele utilizarse de pretexto para la inacción.
Para ampliar la base empírica se necesitan recursos y una determinación política sostenidos.
Hasta la fecha, el Consejo de Seguridad ha pedido que se emplearan asesores de protección de las mujeres cuando autorizó o renovó el mandato de nueve operaciones de paz.
