En República Dominicana, muchas mujeres que transitan por el embarazo, el parto o el posparto son víctimas de maltrato verbal, cesáreas innecesarias, procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, y negligencia médica. Frases como “aguanta como una mujer”, “si no cooperas, nos vamos” y “tú no lloraste al hacerlo” resuenan dolorosamente en las salas de parto, reflejando una cultura de deshumanización. Este fenómeno, conocido como violencia obstétrica, afecta gravemente el bienestar de las mujeres y sus bebés, aumentando la mortalidad materna en el país.
Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), por cada 100,000 nacimientos, 120 madres pierden la vida, siendo alrededor del 80% de esas muertes prevenibles. De hecho, el país se encuentra entre las naciones con mayor aumento en mortalidad materna en la región, donde la mayoría de las embarazadas sufre alguna forma de violencia obstétrica, según advierte la doctora Liliam Fondeur, ginecóloga obstetra.
“La violencia obstétrica es un problema sistémico en República Dominicana, donde prácticas como la episiotomía rutinaria, el uso indiscriminado de oxitocina, la restricción de movimiento durante el trabajo de parto (impidiendo que la paciente deambule o adopte posiciones como en cuclillas) y la prohibición del acompañante están normalizadas en la cultura médica local”, manifiesta Fondeur a elDinero.
Explica que esas intervenciones, muchas veces aplicadas sin justificación clínica ni consentimiento informado, sugieren que la mayoría de las mujeres dominicanas podrían enfrentar al menos una forma de violencia obstétrica durante su gestación, parto o posparto.
En 2022, más del 70% de las embarazadas en el país sufrió violencia en los centros de salud, según la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa). elDinero solicitó datos oficiales actualizados a Salud Pública, pero al momento de esta publicación no recibió respuesta. Una situación que refleja la poca visibilidad del problema, condena Fondeur, al subrayar que “testimonios y estudios cualitativos respaldan su alta frecuencia”.
La experiencia de Loren, una de las afectadas, da fe de ello. “Aún tengo las secuelas frescas. Fue en un hospital público y con una supuesta ginecóloga que intentó llevarme a un centro privado donde también trabajaba, pero era para realizarme una cesárea sin mi consentimiento”, rememora.
Agrega que “el peso del niño lo calcularon mal en la última sonografía; me dijeron que era de siete libras y resultó ser de nueve. No me hicieron la episiotomía (incisión quirúrgica para ampliar la apertura vaginal) y, cuando estaba en labor de parto, me hicieron tacto cuatro ginecólogos. Dolía tanto que lloraba mucho y la ginecóloga me dijo: ‘¿tú querías parir normal? Puja ahora’. El bebé me causó un desgarro tan grande que aún no he sanado”.
María, nombre cambiado para este reportaje, también narra su vivencia. “Recuerdo que me halaron una sonda y la enfermera me dijo que cuando yo estaba encima no me quejaba”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define este tipo de maltrato como cualquier acción o falta de acción del personal médico que cause daño físico o emocional a una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio.
El ginecoobstetra Yotin Pérez, vocal de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG), reconoce que esta situación, que constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es real.
“La SDOG ha tratado de hacer énfasis en el parto humanizado, en el parto respetado. Nosotros, como obstetras, sabemos los derechos que tiene una mujer en su desembarazo y durante todo el ciclo de gestación, pero son muchos los factores que influyen en eso”, indicó Pérez a elDinero, en representación del presidente de la sociedad, doctor Roberto Nina.
Tanto Fondeur como Pérez reconocen que estos abusos ocurren tanto en centros públicos como privados, siendo más comunes en los primeros, lo que hace a las mujeres de escasos recursos aún más vulnerables.
“La violencia obstétrica es estructural en ambos ámbitos, pero en lo público se agrava por la precariedad del sistema, mientras que en lo privado se modula por el perfil socioeconómico de las pacientes y el riesgo legal”, diferencia la doctora Fondeur, especializada en ginecología con énfasis en la defensa de los derechos de las mujeres.
