La advertencia surge tras incumplimiento reiterado de sentencias firmes sobre reajustes y pagos retroactivos.
Santo Domingo, RD. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Javier Díaz, y el director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, Juan Rosa, podrían enfrentar acciones judiciales por la inejecución de sentencias firmes que ordenan reajustar pensiones y pagar retroactivos, según denunció el abogado Oliver Moisés Batía Burgos.
El jurista, representante del Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos, afirmó que el Estado mantiene una deuda acumulada mensual de RD$743,136, correspondiente a cuatro casos en los que, además, se dispone el pago de un 1 % de interés mensual sobre los montos adeudados.
Mandamientos de pago y advertencias legales
Batía explicó que ya fueron emitidos cuatro “mandamientos de pago y puesta en mora”, instrumentados el 1 de octubre de 2026. Estos actos están dirigidos tanto al Ministerio de Hacienda como a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.
Los requerimientos fueron presentados en favor de Manuel Emilio Pérez Suárez, Carlos Jeremías Santana Montás, Juan Bautista Moreno Castro y Leocadio Valentín Lebrón Jiménez. Todos son adultos mayores que, según el abogado, dedicaron más de tres décadas al servicio público.
“No se trata de una solicitud administrativa, sino del cumplimiento de decisiones judiciales definitivas”, subrayó el representante legal, al insistir en que las sentencias ya adquirieron autoridad de cosa juzgada.
Posibles consecuencias judiciales
El abogado advirtió que, una vez vencido el plazo otorgado en los actos, se procederá por distintas vías legales. En el caso del ministro de Hacienda, el proceso podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, el director de Pensiones enfrentaría acciones ante instancias judiciales ordinarias.
Las acciones contempladas incluyen la posibilidad de presentar querellas con constitución en actor civil, sustentadas en los artículos 286 y 339 del Código Penal dominicano. No obstante, aclaró que la responsabilidad final deberá ser determinada por los tribunales competentes.
Detalles de las sentencias involucradas
Entre los fallos citados figura la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00186, emitida el 26 de marzo de 2026 en favor de Santana Montás, cuya casación fue rechazada el 31 de julio de ese mismo año.
También se incluye la sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00286, correspondiente a Moreno Castro, con recurso de casación rechazado en noviembre de 2025. En el caso de Lebrón Jiménez, se señala la sentencia 0030-1643-2023-SSEN-00912, junto con la decisión de casación emitida en marzo de 2025.
Para Pérez Suárez, el expediente cita la sentencia 0030-1643-2024-SSEN-00833, emitida en octubre de 2024. Todas las decisiones originales fueron dictadas por el Tribunal Superior Administrativo.
Montos reclamados y acumulación de deuda
Las liquidaciones, calculadas al 30 de septiembre de 2026, reflejan montos significativos. Santana Montás reclama RD$18,610,958.65, mientras que Lebrón Jiménez exige RD$11,723,895.17.
Por su parte, Moreno Castro solicita RD$7,519,357.75, y Pérez Suárez reclama RD$15,209,422.46. El total asciende a RD$53,063,634.03, una cifra que continúa incrementándose debido a los intereses y la falta de ejecución.
El abogado reiteró que las diferencias se remontan a diciembre de 2020, lo que ha provocado que la deuda siga creciendo mes tras mes.
Plazo final para cumplimiento
Los nuevos actos otorgan un plazo de cinco días hábiles para que las instituciones cumplan con lo ordenado por los tribunales. De no producirse el pago, se activarán los mecanismos judiciales correspondientes.
Batía concluyó señalando que detrás de cada caso hay ciudadanos que esperan vivir con dignidad, luego de haber agotado todas las instancias legales para el reconocimiento de sus derechos.
