La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a empresas y consorcios que, según una investigación en curso, integraban una supuesta estructura dedicada a manipular procesos de compras públicas mediante prácticas fraudulentas. La medida figura en la resolución DGCP44-2025-004600 y abarca a sociedades como Comerdon SRL, Inversiones Qtek SRL, Condelca SRL, Tingley Business SRL, Mediterráneo Investments Group SRL, Kury Limited, entre otras, así como varios consorcios vinculados.
La decisión surge mientras avanza una investigación administrativa de la DGCP y una pesquisa penal del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Ambas indagan presuntos delitos de estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores. Las autoridades explicaron que nuevos nombres podrían incorporarse a la lista de inhabilitados conforme continúen las pesquisas.
Medida cautelar preventiva
La DGCP aseguró que la suspensión constituye una medida cautelar preventiva, no una sanción definitiva. El órgano rector señaló que existen indicios razonables de que varias de las empresas actuaron de manera organizada para alterar procesos de contratación pública, lo que representa un “riesgo grave e inminente” para la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Mantenerlas habilitadas —expuso la entidad— podría facilitar la reiteración de prácticas irregulares o la obstrucción de los procedimientos.
A finales de octubre, la DGCP remitió a la Procuraduría un informe técnico elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República. El documento detalla patrones de participación conjunta entre las empresas investigadas, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos. También recoge testimonios de proveedores que denunciaron intimidaciones, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas.
El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre los mecanismos de contratación pública. Las autoridades buscan reforzar la transparencia, la libre competencia y el uso eficiente de los recursos estatales mientras avanza la investigación penal que determinará responsabilidades.
