Una disputa legal frena el acuerdo y eleva tensiones entre empresas y estados.
Estados Unidos.- Paramount pidió a una jueza federal de California que obligue a una coalición de 12 estados y al Sindicato de Guionistas (WGA) a presentar una fianza de USD 1.880 millones. El objetivo es cubrir pérdidas derivadas del juicio antimonopolio que afecta su fusión con Warner Bros.
La solicitud fue presentada ante la magistrada Araceli Martínez-Olguín. Según el documento, la empresa exige levantar la restricción que impide cerrar el acuerdo si los demandantes no depositan la garantía antes del 30 de septiembre de 2026. El monto solo sería ejecutable si los estados pierden el caso.
La jueza bloqueó temporalmente la operación en julio para revisar la impugnación. Posteriormente, fijó el juicio para marzo de 2027. En su decisión inicial, eximió a los estados de presentar fianza al considerar que actúan en defensa de intereses públicos relevantes.
Paramount aceptó retrasar el cierre hasta cinco días después del fallo o hasta el 1 de junio de 2027. La fecha límite definitiva quedó establecida para el 4 de junio de ese año.
Argumentos de Paramount
La empresa, dirigida por David Ellison, afirmó que ya obtuvo autorizaciones regulatorias en 68 jurisdicciones. Sostiene que la demanda antimonopolio es la única barrera pendiente para concretar la operación.
En su escrito, indicó que una demora mínima de ocho meses afectará la integración empresarial. También advirtió sobre impactos en inversiones de contenido, producción y talento creativo. A esto se suma la incertidumbre laboral para empleados de ambas compañías.
El cálculo de la fianza incluye costos por una cláusula contractual de demora. Esta establece pagos de 25 centavos por acción a los accionistas de Warner Bros desde el 1 de octubre. Esto equivale a unos USD 7 millones diarios o USD 650 millones trimestrales.
Además, se agregan USD 190 millones en costos de financiamiento asociados al retraso hasta junio de 2027.
Paramount sostiene que la legislación antimonopolio federal exige que los demandantes cubran posibles daños al frenar una transacción. La empresa reiteró su confianza en que la demanda carece de fundamento y calificó la fusión como “procompetitiva”.
También alertó sobre el riesgo de perder aprobaciones regulatorias si el proceso se prolonga, lo que implicaría nuevos trámites y mayores costos.
Postura de los estados y el sindicato
La demanda fue presentada en julio por 12 fiscales generales, encabezados por el fiscal de California, Rob Bonta, junto al Sindicato de Guionistas.
Los demandantes argumentan que la operación reduciría la competencia en mercados clave. Señalan posibles efectos en películas de gran presupuesto, exhibición en cines y televisión por cable. También advierten sobre una disminución en la contratación de guionistas.
La oficina de Bonta rechazó el pedido de fianza. Indicó que Paramount asumió los riesgos del proceso y cuestionó su estrategia legal. Además, sostuvo que la empresa intenta modificar condiciones que previamente aceptó.
Bonta expresó que prefiere acuerdos fuera de tribunales, siempre que no impliquen violaciones a la ley antimonopolio.
Contexto legal y análisis
Expertos señalan que las solicitudes de fianza son más comunes en demandas entre actores privados. Sin embargo, Paramount argumenta que el Sindicato de Guionistas sí encaja en esa categoría.
La empresa subraya que la ley exime explícitamente al gobierno federal de estas exigencias, pero no a los estados. Este punto podría influir en la decisión judicial.
El caso continúa en desarrollo y mantiene en suspenso una de las operaciones más relevantes del sector audiovisual.
