El análisis de Fuerza del Pueblo advierte que la mayor parte de la deuda financiará intereses, subsidios y obligaciones del Estado.
Santo Domingo.- El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos (SAE) de Fuerza del Pueblo, cuestionó el Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.
Según el análisis presentado por la organización, el proyecto contempla mayor endeudamiento, mayor costo financiero y menor calidad del gasto. La evaluación fue presentada bajo el título “Seis veces NO: un presupuesto que se endeuda para todo, menos para la gente”.
Ng Cortiñas sostuvo que el debate no debe centrarse solo en cuánto gastará el Gobierno. A su juicio, también debe analizarse en qué se gastarán los recursos y cómo se financiará ese gasto.
El estudio señala que, de cada RD$100 que el Gobierno identifica como financiados mediante bonos y préstamos, RD$81 se destinan a intereses, subsidios y obligaciones del Tesoro. Solo RD$19 se dirigirían a proyectos y programas ministeriales.
De los RD$398,228 millones financiados con crédito interno y externo, RD$228,579 millones corresponden a intereses y comisiones. Otros RD$95,000 millones se destinan a subsidios y obligaciones del Tesoro, mientras RD$74,649 millones corresponden a proyectos y programas.
Aumentan la deuda y los intereses
El análisis advierte que la deuda del Sector Público No Financiero aumentaría de 46.2% a 46.8% del PIB. Además, los intereses pasarían de 22.5% a 23.3% de los ingresos del Gobierno Central.
Los intereses alcanzarían RD$351,327 millones. Esta suma equivale al 96% de todo el presupuesto del Ministerio de Educación, según los datos presentados por la SAE.
El servicio de la deuda también aumentaría. En base comparable, pasaría de cerca de 29.5% a 30.6% de los ingresos. Las proyecciones oficiales lo sitúan en 45.3% para 2029.
El economista también cuestionó dos disposiciones del proyecto. El artículo 69 permitiría abrir líneas de crédito por RD$30,000 millones para las distribuidoras eléctricas, cuyos saldos podría asumir Hacienda.
Mientras, el artículo 44 autorizaría hasta 0.5% del PIB por decreto para atender calamidades. Según el análisis, ambas disposiciones podrían elevar el déficit de 3.4% a cerca de 4.2% del PIB.
Cuestionamientos a la regla fiscal
La SAE también sostiene que el proyecto incumple en 2027 la regla fiscal establecida por la Ley 35-24. Esta norma limita el crecimiento del gasto primario a la inflación esperada más tres puntos porcentuales.
Con una inflación esperada de 4.5%, el límite sería 7.5%. Sin embargo, el gasto primario propuesto crecería 9.9% frente al presupuesto reformulado de 2026 y 14.5% frente al presupuesto inicial.
El Informe Explicativo señala el cumplimiento de la regla entre 2028 y 2030, pero excluye 2027. Para Ng Cortiñas, esto constituye otra forma de presentar las cifras de manera que se reduzca la visibilidad sobre la situación fiscal.
El proyecto también presenta un ahorro corriente negativo de RD$70,452 millones. Esto significa que los ingresos corrientes no cubrirían el gasto corriente.
Menor peso de la inversión pública
La SAE cuestionó además el aumento del gasto de capital presentado por el Gobierno. Según el análisis, 91.7% de ese incremento corresponde a transferencias de capital destinadas a distribuidoras eléctricas, al sector agua y a fideicomisos.
La inversión directa del Estado crecería apenas 3.4%. Su participación dentro del gasto total bajaría de 8.4% a 7.7%.
A esto se suma el nivel de ejecución registrado durante 2026. A mitad de año, el gasto corriente había alcanzado 48.5%, mientras el gasto de capital llegaba a 37.9%.
Menor peso del gasto social
El análisis indica que las funciones sociales bajarían de 45.5% a 45.1% del gasto total. Las transferencias dirigidas directamente a los hogares también disminuirían, de 4.1% a 3.6%.
El programa Aliméntate entrega unos RD$1,614 mensuales por hogar. Mientras, Bono Gas y Bono Luz representan unos RD$829, sin ajuste por inflación.
En educación, la SAE cuestiona la forma en que se presenta el cumplimiento del 4% del PIB. El Ministerio de Educación recibiría 3.81%, mientras el 4% se alcanzaría al sumar los recursos del MESCyT.
La diferencia sería de unos RD$18,214 millones, según el análisis presentado.
Salud concentra recursos en personal
El estudio también cuestiona la distribución de los recursos del Servicio Nacional de Salud. De cada RD$100 asignados, RD$79.60 se destinan a personal y RD$2.20 a medicamentos.
El primer nivel de atención recibiría solo 10.9%. Para Ng Cortiñas, esta estructura limita los recursos disponibles para medicamentos y prevención de enfermedades.
Subsidio eléctrico supera ayudas directas
El proyecto contempla RD$109,296 millones para el subsidio eléctrico. Esta cifra supera en 2.3 veces los RD$47,340 millones destinados a transferencias directas a los hogares.
La suma incluye Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, pensiones solidarias y otros programas. La SAE señala que el subsidio eléctrico no está focalizado exclusivamente en los hogares de menores ingresos.
Además, el 63% del programa “Subsidios del Estado” se pagaría con bonos. Ng Cortiñas propuso avanzar hacia un subsidio eléctrico focalizado y utilizar los recursos liberados por la reducción de pérdidas para fortalecer las ayudas a hogares vulnerables.
Fondos para partidos políticos
La SAE también cuestionó la asignación prevista para los partidos políticos. El proyecto contempla RD$1,750.9 millones, equivalente a la mitad de los RD$3,498.7 millones establecidos por la Ley 20-23.
El dato aparece en la tabla 71 del Informe Explicativo. El recorte se sustenta en el artículo 47 del proyecto, que permite al Ejecutivo asignar a la Junta Central Electoral menos recursos de los establecidos por las leyes.
La disposición también suspende cualquier asignación que no figure en el presupuesto. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene fondos de libre disposición, como el 5% del presidente, que ascendería a RD$5,648 millones.
La SAE considera que el proyecto presenta rasgos preelectorales, aunque no aumenta de forma abierta los montos destinados al gasto electoral.
El análisis advierte que el proyecto amplía instrumentos para modificar el gasto durante su ejecución. Entre ellos figuran fondos discrecionales, facultades para mover partidas y gastos sin desglose.
La publicidad oficial también queda cuestionada porque el proyecto no presenta la clasificación objetal del Gobierno Central. Por esta razón, según la SAE, no es posible conocer su monto.
Ng Cortiñas planteó que el Congreso debe aprobar el presupuesto con vigilancia sobre su ejecución. También consideró necesario revisar el gasto trimestre a trimestre antes de las primarias.
El análisis de Fuerza del Pueblo coloca el endeudamiento, los intereses, los subsidios, la inversión pública y el gasto social en el centro del debate sobre el PGE 2027.
La organización sostiene que el proyecto mantiene una estructura que limita el impacto de las finanzas públicas sobre el bienestar de los hogares. Su principal señal de alerta es que una proporción elevada del nuevo financiamiento no se dirige directamente a proyectos y programas públicos.
