Santo Domingo (RD). – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó que el proceso de reforma y modernización de la Administración Pública de debe asumir como una política de Estado.
La vicemandataria dijo que para esto es muy relevante su legitimación social, reconociendo que su implementación supone mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
Pidió asumir un compromiso de crear y sostener las mejores condiciones institucionales posibles, “lo que debe garantizar que nuestros esfuerzos, los esfuerzos de quienes nos antecedieron y los de aquellos que nos sucedan, conformen una espiral de desarrollo continuo».
Peña precisó que este compromiso no debe ser solo el reflejo de voluntades perecederas y desarticuladas, sino el resultado firme y sostenible de una decisión nacional que se inspire en la fulgurante historia patria y en el pensamiento preclaro del liderazgo político nacional.
La vicepresidenta encabezó el inicio del “Primer Encuentro Nacional sobre Reforma y Modernización de la Administración Pública: Hacia un Pacto Nacional por la Institucionalidad en República Dominicana”.
En ese escenario sostuvo que buscan que esta iniciativa resulte de la buena disposición y los mejores deseos de ver como el país siga con le avance por la senda del progreso, las libertades y la consolidación de la democracia.
Destacó la decisión y voluntad firme de gobernar del presidente Luis Abinader apegado a los principios constitucionales, al marco jurídico y a las mejores prácticas de transparencia y eficiencia.
Reforma y modernización de la Administración Pública
Indicó que esa postural envió un mensaje claro a una nación abrumada por la corrupción y el nepotismo, que levantaba su voz reclamando legalidad, justicia y transparencia.
“A la vez expuso, se inició el desmonte de una serie de entes públicos, algunos de ellos caídos en desuso o creados por decisiones coyunturales para satisfacer aspiraciones personales, la mayoría de los cuales se habían acumulado en torno a la Presidencia de la República y claramente usurpaban atribuciones a instituciones tradicionales de nuestra arquitectura organizativa”, expuso.
Peña explicó que, en ese sentido, se abocaron en una tarea de transformación, disolución, reducción y transferencia de órganos como el Despacho de la Primera Dama, la Ofician de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el Consejo estatal del Azúcar (Cea), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Programa de Visitas Sorpresas.
Precisó que esa reingeniería inicial se ejecuta y continuará en el futuro, respetando plenamente el marco regulatorio y los derechos adquiridos de todo el personal, bajo la conducción de una Comisión de Liquidación o Disolución de Órganos del Estado (CLOE).
Con ese propósito, expresó, desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha, se suprimieron 13 entes y órganos, con ahorros significativos de recursos, que ahora están dirigidos a sectores prioritarios, especialmente a fortalecer las políticas de protección social a los más vulnerables.
