Santo Domingo (RD).- La Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional firmaron un convenio para integrar los procesos relativos a servicios digitales.
El acuerdo tiene el objeto de determinar las bases, principios y políticas que deberán observar ambas instituciones para la integración de los procesos relacionados con servicios digitales, así como para compartir y reutilizar plataformas y sistemas de información, a fin de incrementar la eficiencia operativa.
El documento firmado por el contralor general de la República, Félix Antonio Santana García y el tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, aportará calidad y dinamismo a las conciliaciones bancarias de las instituciones del Estado y al servicio de certificación del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi).
El mismo compromete a las partes a compartir información que permita desarrollar herramientas propias dentro de sus ámbitos de competencias, para una mejor gestión de la aplicación de la Ley de Tesorería en las Instituciones del Estado y brindar servicios de calidad al ciudadano.
El contralor Félix Santana ponderó los beneficios de esta interoperabilidad y su relación con el fiel cumplimiento del marco jurídico de la nación.
“Porque todo funcionario público, tal y como indica su nombre, debe ser público, todo debe exponerse al escrutinio de la ciudadanía, y nosotros, al firmar un acuerdo de esta naturaleza, le estamos dando mayor fuerza a las leyes existentes y a la Constitución de la República”, dijo.
Mientras, el tesorero, Luis Delgado, resaltó la iniciativa de trabajar en conjunto con la Contraloría en pro de la calidad y eficiencia de los procesos.
Procesos relativos a servicios digitales
“Desde el Estado dominicano tenemos que buscar todas las medidas y las formas que nos permitan hacer cada vez más un Gobierno más eficiente, sobre todo, a partir del trabajo que se está haciendo en Burocracia Cero y Gobierno Eficiente”, expresó.
Ambas instituciones utilizarán la información intercambiada exclusivamente para el desarrollo de las funciones propias de sus respectivos ámbitos de competencia; en este sentido, están comprometidas a no distribuir, reproducir o ceder a favor de terceros.
En relativo al costo, este acuerdo no implica gasto extraordinario en la puesta en operación del servicio de interoperabilidad, ya que ambas entidades estarían haciendo uso de tecnologías ya instaladas, así como también de un personal que forma parte de las operaciones.
