El exregidor de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro, enfrenta cuestionamientos públicos tras acumular un retraso de 570 días en la entrega de su declaración jurada de bienes, requisito obligatorio al dejar el cargo según la Ley 311-14. La Cámara de Cuentas confirmó la tardanza, mientras el Ministerio Público lo vincula a investigaciones relacionadas con narcotráfico y presuntas irregularidades patrimoniales.
Paulino, conocido como “Francis” o “El Compadre”, concluyó su periodo como regidor en 2024. Aunque presentó declaración de bienes al asumir el cargo, no entregó la correspondiente al finalizar su gestión, lo que ha generado dudas sobre el origen y evolución de su patrimonio.
Lo que declaró al ingresar al cargo
En la declaración inicial, Paulino informó ser estudiante y estar en unión libre. Señaló que trabajó como agente de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Las Américas entre 2010 y 2012. Entre los bienes reportados incluyó:
Un solar valorado en RD$750,000, adquirido en 2013.
Seis cuentas de ahorro: cinco en pesos con un total de RD$351,612.50 y una en dólares con USD$219.80.
Una jeepeta Honda CRV 2017 registrada a nombre de su esposa.
Una póliza de seguro de un millón de pesos.
Un salario de regidor de RD$52,967.35 mensuales, más RD$19,000 en compensaciones por combustible y medicamentos.
Investigaciones por posible origen ilícito
El Ministerio Público sostiene que algunos bienes de Paulino podrían estar vinculados al narcotráfico. Las autoridades investigan varios terrenos rurales de su propiedad para determinar si su adquisición está relacionada con actividades ilegales.
Las pesquisas también lo señalan como presunto coordinador de envíos de drogas desde el Puerto Multimodal Caucedo y como participante en la sustracción de sustancias controladas pertenecientes a una red criminal conocida como “Los Fantasmas”.
Señales de inconsistencias
El prolongado retraso en la declaración de bienes y las incongruencias detectadas entre los ingresos declarados y las propiedades identificadas por las autoridades han reforzado las sospechas sobre la evolución del patrimonio del exregidor. Tanto la Cámara de Cuentas como el Ministerio Público mantienen abiertas líneas de investigación para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas.
