La presidenta de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica (SDRO) y directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao, Naly Cruz, denunció que la corrupción detectada en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) comprometió la salud de miles de personas, agravando condiciones médicas y provocando muertes por retrasos en tratamientos de alto costo.
Cruz afirmó que las consecuencias de la corrupción no pueden medirse solo en cifras, sino en el impacto directo sobre pacientes con enfermedades graves que dependían de terapias continuas para sobrevivir.
“No hablamos de estadísticas frías, hablamos de pacientes oncológicos, personas con cáncer avanzado, enfermedades hematológicas graves y patologías crónicas que necesitaban tratamientos sin interrupción”, expresó.
Impacto directo en pacientes oncológicos
La especialista explicó que, aunque no siempre es posible determinar con exactitud cuántas muertes ocurrieron, la suspensión o retraso de medicamentos vitales acelera el deterioro de la salud y puede precipitar el fallecimiento.
“En oncología, la ausencia de tratamiento no es neutra, mata o acorta la vida”, enfatizó.
Indicó que en el Instituto Oncológico del Cibao, más de 500 pacientes vieron comprometida su condición de salud mientras esperaban la aprobación de medicamentos de alto costo, aunque no todos fallecieron.
Investigación del Ministerio Público
Las declaraciones se producen en el contexto de la Operación Cobra, investigación del Ministerio Público sobre la gestión de Santiago Hazim al frente de Senasa.
Según el expediente, la red habría desviado más de RD$15,900 millones mediante contratos inflados, autorizaciones irregulares y la creación de programas que, bajo la apariencia de innovaciones en salud pública, fueron utilizados para extraer fondos del Estado y distribuir sobornos.
El órgano acusador sostiene que se creó un “sistema paralelo” para manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.
Medidas de coerción
El pasado 14 de diciembre, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros seis implicados.
El juez Rigoberto Sena ordenó que Hazim cumpla la medida en la cárcel de Najayo. También envió a prisión a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, se dictó arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica contra Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, calificó el caso como la investigación de corrupción más grave presentada hasta ahora por el Ministerio Público.
