SANTO DOMINGO.– El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva en Najayo contra Santiago Hazim, señalado por el Ministerio Público como el principal imputado de una presunta red de corrupción que habría estafado al Estado dominicano con RD$15,900 millones a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión del juez aplica para otros seis imputados en el caso. La medida se deberá cumplir en la cárcel de Najayo. Los tres imputados que colaboraron con el Ministerio Público deberán cumplir prisión domiciliaria, según dispuso el tribunal.
Acusación por millonaria estafa al seguro estatal
Según el Ministerio Público, Hazim y otros nueve imputados ejecutaron un esquema fraudulento que perjudicó al seguro estatal, el cual atiende a más de siete millones de afiliados de escasos recursos.
Entre las irregularidades detectadas, el órgano acusador identificó el caso de un paciente sometido a más de cinco cateterismos sin necesitarlos, con el presunto fin de obtener beneficios económicos.
A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Fiscalía cuestiona alegada condición de salud
Durante la audiencia, Hazim aseguró que padece pérdida parcial de la visión debido a esclerosis múltiple, afección que —según dijo— limita su capacidad visual.
Sin embargo, el Ministerio Público afirmó que ningún médico forense acredita hasta el momento dicha condición. “La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, reiteró la Fiscalía, que considera la medida proporcional a la gravedad y magnitud de los hechos imputados.
Testigos consultados por el órgano investigador indicaron que, hasta el inicio del proceso, Hazim acudía con normalidad a las instalaciones de SeNaSa y mantenía vida social activa.
Pruebas presentadas por el Ministerio Público
En su solicitud de coerción, el Ministerio Público depositó un amplio legajo probatorio, compuesto por más de 138 pruebas documentales y más de 35 pruebas testimoniales y periciales, que según la acusación vinculan a los imputados con la estructura ilícita.
