Santo Domingo (RD).- El Instituto Duartiano respaldó este martes la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de cerrar por completo la frontera si a más tardar este jueves no se resuelve el impase por la construcción de un canal para desviar parte el cauce del río Masacre hacia territorio de Haití.
Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, consideró apropiadas las demás medidas tomadas, en especial la disposición de reactivar la denominada Toma de la Aduana en el río Masacre, donde se origina el canal La Vigía, para garantizar el abastecimiento de agua a los productores fronterizos dominicanos.
También apoyó que se impulse la construcción del proyecto de la presa Don Miguel, el cual contribuiría a resolver de manera definitiva el problema del líquido en esa región.
Saludó la suspensión de la emisión de visados a ciudadanos haitianos, determinada por el Consejo de Seguridad Nacional, pues resulta revelador el dato de que, en solo 60 días, tomando como referencia abril-junio de este año, los cónsules dominicanos acreditados en Haití concedieron 27 mil 123 visas a personas del vecino país.
“Esto deja entrever que no hay límites ni un estricto control, conforme a las circunstancias actuales, para autorizar el ingreso de personas a nuestro país; peor aún es que se aprueban todas las solicitudes de visados que hacen los haitianos”, precisó.
El jurista recordó que el artículo 10 del referido Tratado de Paz y Arbitraje entre República Dominicana y Haití en 1929, hace una precisión en el sentido de que las partes que suscribieron ese convenio se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de derivar la corriente de los ríos que nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio de otro.
Cerrar por completo la frontera
“Estas son decisiones correctas y oportunas ante la grosera violación en que incurre la autoridad haitiana, que permitió el reinicio de la construcción de un canal o dique con el objetivo de afectar los flujos o el curso de las aguas del río Masacre, sin tomar en cuenta los acuerdos jurídicos firmados, los factores ecológicos, hidrográficos, geográficos, ni los efectos del curso de agua por un Estado en el territorio de otro, en desconocimiento del Tratado de Paz y Arbitraje entre República Dominicana y Haití de 1929, así como el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936”, explicó.
Gómez Ramírez dijo que la situación que sacude al vecino país mantiene alarmada a la sociedad dominicana por el desbordamiento de ilegales de esa nación, sin que se advierta una respuesta categórica por parte de las autoridades, y que tampoco se evidencia este tema en las agendas de los grandes partidos y líderes políticos del país.
