Proceso judicial avanza rápido y expone red de corrupción estatal compleja
Santo Domingo, RD.- Los implicados en el caso Intrant enfrentarán penas de hasta 20 años de prisión, según explicó el procurador adjunto Wilson Camacho tras decisión judicial.
El Ministerio Público logró auto de apertura a juicio contra los acusados, señalados por presuntamente defraudar al Estado dominicano mediante un entramado de corrupción administrativa.
La jueza Yanibet Rivas acogió la solicitud fiscal y ordenó juicio contra Jochi Gómez, propietario de Aurix, y Hugo Beras, exdirector del Intrant.
El tribunal rechazó la nulidad presentada por la defensa y extendió la acusación a varios exfuncionarios y colaboradores vinculados directamente con decisiones administrativas y tecnológicas.
Red criminal y esquema de corrupción
La acusación describe una estructura criminal organizada, integrada por funcionarios, exservidores públicos y particulares con antecedentes en maniobras fraudulentas dentro del sistema estatal.
El grupo utilizó sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos para controlar procesos de licitación pública y garantizar adjudicaciones irregulares de contratos millonarios.
Según el expediente, el contrato cuestionado asciende a más de mil trescientos millones de pesos dominicanos, beneficiando empresas vinculadas directamente a José Ángel Gómez Canaán.
Las acciones del grupo vulneraron principios esenciales como transparencia, legalidad y libre competencia, pilares fundamentales en la contratación pública del Estado dominicano.
Avances procesales y calificación penal
Wilson Camacho destacó que el proceso evidencia mayor rapidez tras la modificación del Código Procesal Penal, alcanzando fase de juicio en apenas seis meses.
El tribunal excluyó el tipo penal de terrorismo, aunque mantuvo sabotaje, lo que permite sostener la acusación principal basada en hechos objetivos probados por el Ministerio Público.
La calificación jurídica incluye lavado de activos, lo que amplía la gravedad del caso y abre la posibilidad de condenas que alcancen hasta dos décadas de prisión.
El Ministerio Público aseguró que las pruebas se mantienen sólidas, permitiendo reforzar la acusación durante el juicio mediante la presentación detallada de evidencias.
Operación Camaleón y líneas delictivas
El caso fue desmantelado mediante la Operación Camaleón en 2024, revelando múltiples líneas delictivas dentro de instituciones clave como el Intrant y Defensa.
Entre los delitos señalados figuran corrupción administrativa, fraude, estafa estatal, sabotaje tecnológico, contrabando, falsificación documental y delitos de alta tecnología.
La investigación también identificó contratos irregulares que permitieron acceso privilegiado a empresas utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado.
El eje central del esquema era Gómez Canaán, quien mantenía vínculos financieros y operativos con varias empresas utilizadas para consolidar control institucional.
Cargos individuales y responsabilidades
Las acusaciones detallan roles específicos, incluyendo manipulación de licitaciones, falsificación de certificaciones, control tecnológico irregular y movilización de fondos ilícitos.
Otros implicados actuaron como testaferros, intermediarios financieros y facilitadores administrativos para encubrir la propiedad real de empresas y desviar recursos estatales.
Las empresas involucradas fueron utilizadas para contratos fraudulentos, espionaje tecnológico, apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes con fondos ilícitos.
El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, sabotaje, terrorismo, delitos tecnológicos y violaciones a múltiples leyes dominicanas.
