La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, encabezada por el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha una serie de diligencias procesales enfocadas en las empresas y propiedades vinculadas al empresario Antonio Espaillat, como parte de la investigación abierta tras la tragedia en la discoteca Jet Set, hecho que dejó 232 personas fallecidas y más de 180 heridas.
El Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares para impedir cualquier tipo de transacción accionaria o patrimonial relacionada con las sociedades comerciales asociadas a Espaillat, propietario del emblemático centro nocturno donde ocurrió la tragedia el pasado martes 8 de abril, durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez.
Estas acciones legales se realizan amparadas en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Sin embargo, una fuente cercana al proceso aclaró al periódico EL DÍA que esto no implica una investigación por lavado, sino que se recurre a esta figura jurídica para congelar, de forma preventiva, cualquier movimiento o transferencia de bienes mientras avanza el proceso judicial.
La investigación se centra especialmente en la sociedad comercial bajo la cual operaba la discoteca Jet Set, así como en otras empresas directamente relacionadas con el empresario, quien además se reconoce por su trayectoria en el sector radial y publicitario.
Pese a que Antonio Espaillat se ha puesto públicamente a disposición del Ministerio Público y ha manifestado que sus empresas colaborarán con la investigación, la Procuraduría ha iniciado la revisión exhaustiva de documentación corporativa, licencias, pólizas de seguros, las condiciones estructurales del local y el cumplimiento de las normativas legales requeridas para operar un establecimiento de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando existen indicios de una posible responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, indicó una fuente vinculada a la investigación.
Entre las diligencias en curso se encuentran peritajes técnicos preliminares que buscan establecer si hubo fallas estructurales, negligencia o violaciones a las normas de seguridad que pudieran derivar en responsabilidades penales o civiles.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de historia y una agenda constante de eventos. Su propietario, Antonio Espaillat, ha sido considerado en los últimos años como uno de los empresarios más influyentes en la industria del entretenimiento y la radiodifusión del país.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado si se presentarán imputaciones formales en los próximos días, aunque se anticipa que podrían establecerse nuevas medidas cautelares a medida que avance la recolección de pruebas y análisis periciales.
