Tras el devastador colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril y que dejó un saldo fatal de 232 muertos y cientos de heridos, la sociedad dominicana se ha visto sacudida por un intenso debate en torno a la responsabilidad legal del hecho.
El empresario Antonio Espaillat, socio mayoritario de E y L Inversiones —empresa administradora de Jet Set— se encuentra en el centro de la controversia. El 13 de abril, cinco días después del siniestro, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación liderada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía del Distrito Nacional.
No obstante, apenas un día después, Espaillat envió una carta a la procuradora fiscal del Distrito, Rosalba Ramos, en la que manifestó su disposición a colaborar “en el marco de la investigación que, según la prensa, se ha iniciado”. Con esto, dejó entrever que no había sido notificado formalmente y que se enteró del proceso a través de los medios. Además, aseguró estar disponible de forma “solemne y sin reservas”, como si acudir a declarar fuera opcional y no una obligación legal, especialmente ante una tragedia de tal magnitud. Hasta la fecha, ni siquiera ha recibido una solicitud formal para presentarse en la Fiscalía y ofrecer su versión de los hechos.
A pesar de ello, el empresario concedió una entrevista al programa El Día, conducido por la periodista Edith Febles, donde afirmó que ha mantenido contacto con algunas familias de empleados y víctimas. Sin embargo, ese acercamiento no llegó a los 136 menores que quedaron huérfanos ni a muchas de las personas que perdieron familiares o resultaron física y emocionalmente afectadas.
En paralelo, abogados consultados sostienen que el caso del Jet Set podría tipificarse como homicidio involuntario, similar a lo ocurrido en el colapso de la mueblería en La Vega y en la explosión de San Cristóbal.
El abogado Carlos Salcedo señaló que, de fijarse una indemnización mínima de RD$2 millones por cada fallecido, el monto total superaría los RD$460 millones. A esto se sumarían las compensaciones por lesiones, que podrían elevar la cifra a cerca de RD$800 millones.
Ante las sospechas de que Espaillat intentaba evadir su responsabilidad mediante el traspaso de bienes, la Procuraduría decidió el 19 de abril inmovilizar sus propiedades como medida para garantizar los derechos de las víctimas. La defensa del empresario negó estas acusaciones.
Mientras tanto, crecen las críticas hacia la actitud del Ministerio Público. El abogado Gilberto Objío Subero, representante de algunas víctimas, cuestionó públicamente la aparente indulgencia del Estado con Espaillat: “¿Qué le debe el Estado a Antonio Espaillat que no lo acusa y no lo somete? ¿Por qué el trato deferente?”, expresó.
En su entrega más reciente, el programa N Investiga abordó este caso con juristas destacados. El reportaje no solo analizó las posibles consecuencias penales y civiles del suceso en el Jet Set, sino que también comparó la gestión judicial de esta tragedia con hechos similares ocurridos en otros países, subrayando las deficiencias del sistema judicial dominicano.
Uno de los testimonios más conmovedores lo ofreció Bryan Saldaña, esposo de una de las víctimas, quien declaró: “Lucharé en el terreno que ellos quieran, donde quieran y como quieran”.
A juicio del abogado Salcedo, el descuido evidente en este caso encaja dentro del artículo 319 del Código Penal, que sanciona el homicidio involuntario por negligencia. Además del ámbito penal, las víctimas y sus familiares pueden emprender acciones civiles por daños físicos, emocionales y económicos, amparados también en la Ley de Protección al Consumidor.
Salcedo enfatizó que recae sobre Antonio Espaillat la carga de destruir la presunción de responsabilidad. De no hacerlo, dijo, enfrentará una condena.
Según los juristas consultados, los afectados en la tragedia del Jet Set tienen derecho a una resarción por todos los daños materiales, gastos funerarios, hospitalarios y médicos. Asimismo, deben contemplarse las pérdidas de ingresos y beneficios, especialmente en el caso de víctimas que eran el sostén económico de sus hogares.
El reportaje concluyó que, en la mayoría de los casos similares en República Dominicana, las respuestas judiciales han sido débiles o ineficaces, con escasas sentencias ejemplares. Por el contrario, otras naciones han implementado mecanismos más sólidos que garantizan justicia real para las víctimas, con sanciones que alcanzan tanto a empresarios como a funcionarios negligentes.
Antecedentes similares en el país
Casos como el de Jet Set no resultan aislados. El 5 de diciembre de 2018, la explosión en la fábrica PolyPlas dejó ocho muertos y más de 80 heridos. Aunque se abrió una investigación, no se emitieron sanciones penales. En el ámbito civil, la empresa llegó a acuerdos económicos con afectados y aseguradoras, pero las compensaciones fueron consideradas irrisorias. En uno de los casos más representativos, la familia de una madre fallecida recibió solo un millón de pesos, cuatro años después del suceso.
Otro caso grave fue el colapso del edificio de R y S Multimuebles en La Vega, el 18 de enero de 2023, que provocó la muerte de una empleada. Los propietarios resultaron acusados de homicidio involuntario tras realizar construcciones sin permisos. Aunque estuvieron detenidos brevemente, actualmente enfrentan un juicio con apertura fijada para el próximo 1 de mayo.
Asimismo, el derrumbe del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, ocurrido el 18 de noviembre de 2023 y que dejó nueve muertos, sigue sin sentencia. El proceso, que involucra al Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldía del Distrito Nacional, está en manos del Tribunal Superior Administrativo.
Finalmente, la explosión de San Cristóbal el 14 de agosto de 2023, atribuida a una fábrica de plásticos, causó 37 muertos y más de 60 heridos. Aunque los propietarios resultaron arrestados, salieron en libertad tras pagar fianza. Posteriormente, la mayoría de las víctimas retiró la querella tras acuerdos económicos, trasladando la responsabilidad a instituciones estatales.
Estos casos muestran un patrón preocupante: impunidad, acuerdos económicos sin justicia real y una institucionalidad débil frente a tragedias evitables.

