El gobierno de Estados Unidos ha reforzado su campaña contra la corrupción en América Latina, ampliando su lista de personas prohibidas de ingresar al país en las que se incluye a reconocidos políticos.
Esta medida se enmarca dentro de la aplicación de un mecanismo implementado por Washington para sancionar a individuos involucrados en la obstrucción de la democracia y la violación de derechos humanos en la región.
En la lista figuran destacados líderes políticos, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, los dictadores cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, el ex presidente paraguayo Horacio Cartes, el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el ex presidente panameño Ricardo Alberto Martinelli.
También están incluidos la ex presidenta argentina Cristina Kirchner y su ex ministro Julio De Vido, así como figuras del entorno político de Ecuador, como el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas. Estos políticos, acusados de corrupción y prácticas antidemocráticas, enfrentan ahora restricciones para viajar a EE. UU., una medida que refleja las tensiones entre Washington y los gobiernos de la región.
Además, la UNESCO alertó sobre el ataque sistemático a los medios de comunicación en Haití por parte de pandillas, lo que agrava aún más el panorama de inseguridad en el Caribe.
El gobierno de EE. UU. no solo ha sancionado a figuras de gobiernos autoritarios como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino también a funcionarios de gobiernos democráticos que, según Washington, han facilitado o permitido prácticas corruptas.
El caso de Cristina Kirchner y Julio De Vido, implicados en el desvío de millones de dólares en contratos de obras públicas durante su mandato, subraya la postura de Estados Unidos sobre la corrupción en la región.
La medida también afecta a países como El Salvador, Honduras y Guatemala, donde varios funcionarios resultaron señalados por corrupción y malversación de fondos públicos. Entre los sancionados se encuentran Fredy Raúl Orellana Letona, juez de la Corte Constitucional de Guatemala, acusado de autorizar cargos penales sin pruebas, y José Edgardo Bruno Ventura, ex miembro de la Policía Nacional Civil de El Salvador, señalado por colaborar con pandillas y grupos narcotraficantes. Según EE. UU., estos funcionarios han desviado recursos públicos para su propio beneficio, socavando los principios democráticos.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega resultó ampliamente criticado por su represión a la oposición y la manipulación del sistema judicial. Entre los sancionados están Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de Managua, y Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general, acusadas de perseguir a opositores y apoyar leyes que restringen la libertad de expresión y asociación en el país. La administración estadounidense considera que estos funcionarios son responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
La implementación de la Lista Engel refleja la postura de EE. UU. frente al retroceso democrático en varios países latinoamericanos, especialmente en aquellos donde los líderes en el poder resultan acusados de violaciones al Estado de derecho.
El gobierno de Joe Biden ha subrayado que estas sanciones buscan proteger los principios democráticos y fortalecer la lucha contra la corrupción en la región.
Aunque estas sanciones han generado controversia en los países afectados, la administración Biden mantiene que estas medidas están alineadas con su compromiso de promover la democracia, los derechos humanos y la justicia en América Latina. Sin embargo, la medida ha intensificado las tensiones diplomáticas con los gobiernos sancionados, que ven estas acciones como una intromisión en sus asuntos internos.
Las restricciones de viaje no solo afectan a los líderes sancionados, sino que también envían un mensaje claro sobre la política exterior de EE. UU. hacia la región. Mientras algunos gobiernos intentan justificar sus políticas ante la comunidad internacional, la Lista Engel sigue siendo una herramienta clave para Washington en su lucha contra la corrupción y el autoritarismo en América Latina.
