Santo Domingo (RD).- Participación Ciudadana pidió la aceleración de procesos judiciales que están en los tribunales al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) .
En una misiva enviada a Luis Henry Molina, la organización cívica no partidista deja ver su preocupación por el rumbo casos de corrupción que cursan en diferentes tribunales.
Según la organización no partidista, los jueces otorgan a los abogados defensores plazos más extensos que lo ordinario, aclarando que no se opone a la protección de los derechos de los imputados, pero recaman que el Poder Judicial debe resguardar el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia.
“Para tal fin, también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana”, expresa la entidad.
Considera una obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas.
Esto para que puedan gestionarlos dentro de plazos razonables para con esto terminar con la percepción ciudadana “de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes.”
“Sería una gran pena y una enorme pérdida para el país que, después de años de lucha de amplios sectores nacionales contra la corrupción y la impunidad éstos queden impunes por la vía del vencimiento de los plazos, como ocurrió con el Caso de los Tucanos.
Pidió aceleración de procesos judiciales
En su carta a Molina, Participación Ciudadana afirma que en los extensos y complejos casos de la actualidad, se impone el criterio de que los jueces tienen la obligación de exigir la lectura íntegra de las acusaciones del ministerio público, bajo el argumento de que la Constitución dispone que el juicio sea oral.
“Sin embargo, la organización de la sociedad civil difiere de esa interpretación de la oralidad, ya que, en la práctica, su interpretación para fines de extensión debe ir acorde con el fin de que el proceso concluya en un “plazo razonable”, afirma
La alarma de la organización proviene de la alegada tendencia a que el máximo de duración del proceso establecido en el Código Procesal Penal (CPP) se convierta en un instrumento de impunidad por factores controlables, “asegurándose de que los jueces tengan el tiempo suficiente para dedicarlo a los casos bajo su responsabilidad y actúen con firmeza frente a las maniobras de dilación de algunos imputados”.
