Santo Domingo.– El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, criticó la falta de transparencia del Gobierno en el manejo de los recursos públicos destinados a las acciones sociales que promueve.
Señalamientos sobre bonos navideños
Como ejemplo, Montás citó la práctica de Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, al distribuir personalmente los 1,500 millones de pesos correspondientes a los bonos navideños, creados para beneficiar a familias de escasos recursos.
A través de un comunicado, el dirigente peledeísta planteó una serie de interrogantes sobre el proceso. “¿Puede considerarse transparente que un funcionario reparta, de manera personal y discrecional, beneficios financiados con fondos públicos? ¿Quién garantiza que ese funcionario no retiene una parte de los recursos destinados a esos bonos?”, expresó.
Cuestionamientos sobre controles
Montás señaló que estas preguntas no responden a una intención maliciosa, sino a la ausencia de mecanismos claros que permitan descartar irregularidades. Sostuvo que, en un Estado democrático, la transparencia debe sustentarse en la trazabilidad, la documentación y el control institucional, y no en la confianza personal.
Recordó que el país ha avanzado hacia sistemas más estructurados de asistencia social, con controles específicos, por lo que consideró que observar a un funcionario entregando sobres o tarjetas de manera directa representa un retroceso en la gestión del gasto social.
Límites entre asistencia y proselitismo
El vicepresidente del PLD afirmó que esta práctica puede generar confusión entre la función pública y la construcción de capital político. A su juicio, cuando un alto cargo entrega recursos a personas vulnerables, la línea entre asistencia institucional y proselitismo se vuelve poco clara.
Asimismo, planteó que la política social debe regirse por criterios profesionales, impersonales y verificables, lo que implica procesos formales, mecanismos institucionales de entrega, sistemas electrónicos trazables y la reducción de la discrecionalidad.
Llamado a la ética pública
“No basta con que el Gobierno afirme que actúa correctamente; la confianza pública requiere garantías verificables, no declaraciones”, manifestó Montás.
En ese contexto, consideró pertinente conocer la posición de Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, sobre el tema planteado.
