El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), llevó a cabo un amplio operativo de rescate en la playa Palmera, ubicada en Uvero Alto, en la provincia La Altagracia.
La intervención estuvo dirigida a la recuperación de la playa y al cumplimiento de la Ley 305-68, que establece un dominio público de 60 metros a partir de la línea de pleamar.
Durante el operativo, se demolieron varias edificaciones construidas ilegalmente dentro de esta franja marítima. Las autoridades señalaron que los responsables de estas construcciones no contaban con los permisos ambientales necesarios para operar en la zona.
A pesar de la notificación en 2024 sobre la ilegalidad de sus actividades, los infractores continuaron operando restaurantes y tiendas de artesanías en el área, incumpliendo su compromiso de desalojar el espacio ocupado.
Este operativo se enmarca dentro de la política de «tolerancia cero» implementada por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, quien ha adoptado medidas firmes para frenar las infracciones ambientales en todo el país. Henríquez destacó que, desde el inicio de su gestión en agosto de 2024, se han llevado a cabo más de 5,000 operativos en todo el territorio nacional, cifra histórica para el Ministerio.
El ministro también informó que estos operativos han resultado en la imposición de multas por cientos de millones de pesos, con más de un millar de personas sometidas a la justicia por delitos ambientales. De estas, 80 personas se encuentran en procesos judiciales, mientras que 920 han recibido sanciones administrativas por las violaciones cometidas.
El operativo en la playa Palmera estuvo liderado por la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de técnicos del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos. La acción forma parte de un esfuerzo continuo para proteger las costas y recursos naturales del país, garantizando el acceso público y la preservación de los ecosistemas marinos.
La Ley 305-68 y su impacto en la protección costera
La Ley 305-68 establece que las playas y costas del país deben mantenerse libres de construcciones dentro de una franja de 60 metros desde la línea de pleamar, área destinada para el uso público y la conservación ecológica. Esta legislación tiene como principal objetivo proteger la integridad de los ecosistemas costeros-marinos, evitar la destrucción del paisaje y garantizar el acceso libre y sin restricciones a las playas, un patrimonio natural que debe preservarse para las generaciones futuras.
El Ministerio de Medio Ambiente reafirmó su compromiso con la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de las leyes ambientales, dejando claro que no se tolerarán ocupaciones ilegales en las zonas de dominio público. Además, se reiteró que cualquier actividad que atente contra el equilibrio ecológico quedará sancionada de acuerdo con las normativas vigentes.
