Veo mucha euforia con la disposición del presidente Luis Abinader de enviar a las calles a policías y militares en operación conjunta para enfrentar la delincuencia, sin embargo no es nada nuevo, ya que de planes para eso hemos tenido mucho, pero sin resultados que indiquen la pertinencia de su funcionamiento para la continuidad de aquellos que hayan dejado algún elemento tangible.
De 2000 al 2022, por recordar algunas fechas, se han implementado varios programas de seguridad ciudadana a los fines de detener la delincuencia.
Hago una cronología de los últimos períodos gubernamentales, iniciando con el de Hipólito Mejía, del 2000 al 2004.
En el Gobierno de Hipólito Mejía se implementó el “Operativo Centella“ y “Guaraguao” que integró un patrullaje mixto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, parecido al que acaba de anunciar el presidente Luis Abinader.
Pronto, ese operativo, lejos de disminuir la delincuencia se convirtió en molestias para los ciudadanos que se sentían asfixiados de los tantos puntos de retén y lo último que se supo es que supuestamente las armas incautadas a los delincuentes, volvieron a las calles, “vendidas” por los propios agentes de la Policía, según denunció Franklin Almeyda, tras ser designado Secretario de Interior y Policía 2004.
En los periodos gubernamentales del expresidente Leonel Fernández (2004 al 2012), se implementó con bombos y platillos, en el 2005, se comenzó a implementar el “Plan de Seguridad Democrática” diseñado en el 2004. Este plan integral abarcaba diversos componentes para garantizar la seguridad de la ciudadanía (incluido el programa Barrio Seguro).
En el caso de Barrio Seguro, este programa trajo consigo varios elementos, entre ellos, la “Unidad de Los Topos” que fueron agentes bien entrenados, para combatir el crimen, tráfico de drogas y la delincuencia en sentido general, en los barrios de la Capital.
Su entrenamiento, les daba la oportunidad de poder penetrar a cuevas y callejones habitan bandas y todo tipo de delincuentes en los barrios de con altos índices de pobreza y por ende con elevada criminalidad, generalmente los de la parte alta del Distrito Nacional y que por tradición han sido señalados como peligrosos como: Los Guandules, Capotillo, Guachupita, Gualey, La Ciénaga, pero también tenían incidencia en otras barriadas.
Esta policía especializada fue creada en el 2005, como parte del Plan de Seguridad Democrática en el 2005, pero sus operaciones comenzaron a ejecutarse mediante orden general número 1405-11, durante el mandato en la Policía Nacional del mayor general José Armando Polanco Gómez, eran una compañía 74 agentes que en su momento se convirtieron en el terror de los delincuentes. ¿Qué pasó con estos agentes? ¿Por qué no se le dio continuidad”
El patrullaje era efectivo a cualquier hora, y en grupos conformados por unos 10 agentes, como parte de la programación de “Barrio seguro” principalmente en zonas donde los apagones no daban tregua.
Luego se implementó otro programa diseñado por Juan Gerónimo Brown Pérez «Programa Constantino» que estaba basado en la actualización de datos de personas en conflicto con la ley. Y que tuvo gran éxito en: Baní, Ocoa, San Cristóbal, Haina y San Pedro de Macorís. Se podía tener actualización de datos, mediante fotografías biométricas, huellas, tatuajes y señas particulares de personas que cometen algún delito, los vehículos para el patrullaje tenían sistemas tecnológicos para tales fines. ¿A dónde fue a parar este programa? ¿Acaso no hubo recursos para seguirlo?
¿Dónde están los resultados y evidencias de estos programas? Por ejemplo Seguridad Democrática incluía todos los componentes necesarios para lograr una ciudad segura.
En el 2013, el gobierno encabezado por el expresidente Danilo Medina sustituye “Barrio Seguro” por el Programa “Vivir Tranquilo” como parte de otro ambicioso “Plan Integral de Seguridad”, con casi los mismos componentes, pero había que diferenciarse del anterior para marcar “distancia”
Este plan trajo como algo novedoso, la instauración del Sistema 9.1.1., instalación de cámaras de vigilancia. Unas 2.000 cámaras de vigilancia pública fueron instaladas en diversos espacios de la ciudad y 300 agentes de tránsito para mejorar el patrullaje de las carreteras.
Más recientemente, en el 2021, el Gobierno que preside Luis Abinader lanzó el plan proyecto piloto “Mi País Seguro” como una Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, y al que consideran como el más ambicioso, organizado que haya tenido el país.
El mismo incluye registro formal y obligatorio de motocicletas, desarme de la población, uso de casco protector regulado, y por supuesto la tan esperada reforma policial, pero ninguno de esos temas son nuevos, aunque cada uno contenga uno que otro elemento novedoso.
En síntesis, el problema de República Dominicana, es de continuidad de Estado, de gestión efectiva y aplicación oportunidad de las leyes. El problema de la delincuencia se ha agravado porque los gobiernos, en su afán por diferenciarse unos de otros, no se detienen a analizar los planes y proyectos ya implementados para su continuidad y fortalecimiento. Eso, sin mencionar la inversión que por cada programa debe hacerse, en ocasiones en cosas que ya están hechas y que solo se debe ver hasta qué punto han dado resultados para fortalecerlas. En ocasiones se nos olvida que ¡Los Gobiernos pasan, pero el Estado queda!
