La medida busca delimitar sus aguas en San Andrés y podría reactivar la disputa territorial con Nicaragua.
Colombia. – El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su Gobierno publicará el próximo 30 de noviembre un decreto para establecer las coordenadas de las aguas territoriales que el país reclama en el Caribe. La medida abarcará el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado frente a las costas de Nicaragua.
La iniciativa busca precisar los límites marítimos colombianos y establecer oficialmente las líneas de base del archipiélago. Sin embargo, la decisión podría reactivar las tensiones jurídicas entre Bogotá y Managua, que durante años han mantenido una disputa por la delimitación de sus fronteras en esta zona del Caribe.
Colombia fijará las coordenadas marítimas
De la Espriella informó que el Gobierno expedirá un decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés y que sus coordenadas serán incorporadas a las cartas náuticas oficiales de Colombia. El anuncio representa un paso para definir con mayor precisión las aguas que el país considera parte de su territorio marítimo.
“Vamos a cartografiar lo que es nuestro”, afirmó el mandatario. También señaló que los gobiernos colombianos anteriores evitaron durante décadas establecer coordenadas precisas para esta frontera marítima, una situación que ha contribuido a mantener la controversia con Nicaragua.
El presidente sostuvo que Colombia no renunciará a sus derechos territoriales ni a los recursos vinculados con el archipiélago. “Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, expresó durante su intervención.
La delimitación propuesta contempla las 12 millas náuticas de aguas territoriales alrededor de las tres islas principales, así como de los demás islotes y arrecifes que integran el archipiélago. La publicación del decreto está prevista para el 30 de noviembre.
San Andrés como centro de cooperación regional
Además de definir las coordenadas marítimas, De la Espriella adelantó que su Gobierno pretende aplicar una política de defensa integral del territorio. Para ello, busca fortalecer el papel de San Andrés como punto estratégico para la seguridad y la cooperación en el Caribe.
El mandatario planteó convertir la isla principal en un centro de colaboración con países vecinos que comparten los principios democráticos. La propuesta contempla acciones conjuntas para mejorar el seguimiento marítimo, coordinar operaciones de búsqueda y salvamento, y combatir el crimen organizado.
Según lo anunciado, estas iniciativas formarían parte de una estrategia para reforzar la presencia colombiana en el archipiélago y mejorar la coordinación regional frente a las amenazas que afectan la seguridad marítima.
Aunque el presidente no mencionó directamente la disputa judicial con Nicaragua, el anuncio se produce en un contexto marcado por décadas de desacuerdos sobre la soberanía insular y la delimitación de los espacios marítimos de ambos países.
La disputa entre Colombia y Nicaragua ante la CIJ
La controversia territorial llevó a Nicaragua a demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2001. El proceso buscaba resolver la soberanía sobre el archipiélago y establecer los límites marítimos entre las dos naciones.
En 2012, la CIJ confirmó por unanimidad la soberanía colombiana sobre las islas, los cayos y los arrecifes del archipiélago. Sin embargo, el tribunal también modificó la frontera marítima entre ambos países y reconoció a Nicaragua una amplia Zona Económica Exclusiva.
La decisión judicial estableció un nuevo escenario para las relaciones territoriales en el Caribe. Aunque Colombia conservó la soberanía sobre las formaciones insulares, Nicaragua obtuvo derechos económicos sobre una extensa área marítima delimitada por el fallo.
La CIJ cerró el litigio en 2023
Once años después de la sentencia de 2012, la Corte Internacional de Justicia volvió a pronunciarse sobre la controversia. En 2023, el tribunal rechazó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas hacia espacios marítimos vinculados con Colombia.
Con esa decisión, la CIJ puso fin a ese litigio entre ambos países. No obstante, el anuncio del nuevo decreto colombiano introduce un elemento adicional en la gestión de los límites marítimos del archipiélago.
La decisión prevista para noviembre deberá observarse en el contexto de los antecedentes judiciales y de la delimitación marítima establecida por la Corte. La publicación de coordenadas oficiales podría generar nuevas reacciones, debido a la sensibilidad de la disputa territorial y a los intereses de ambos países en el Caribe.
Colombia sostiene que busca precisar sus límites y fortalecer la protección de sus pescadores, sus arrecifes y sus aguas. Nicaragua, por su parte, ha sido parte de un prolongado proceso judicial en el que la soberanía sobre las islas y la delimitación de los espacios marítimos han ocupado un lugar central.
Fuente: DW
