Santo Domingo. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó denuncias formales ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y ProCompetencia, señalando un posible entramado de empresas que habría manipulado procesos de compras públicas.
Según ADOCCO, el grupo estaría integrado por siete empresas: Confites Internacionales, S.R.L.; NL Oviedo Group, S.R.L.; Evel Suplidores, S.R.L.; Caribbean Food Supply YR, S.R.L.; INACO–Importadora Nacional de Comestibles, S.R.L.; Clean Depot, S.R.L.; y Comercializadora Melo, S.R.L.
La denuncia se apoya en la resolución RIC-45-2024 emitida por la DGCP, a raíz de una solicitud del programa Supérate para inhabilitar a dos de esas compañías –Confites Internacionales y NL Oviedo Group– por colusión en el procedimiento PS-DAF-CM-2023-0016, dirigido a adquirir kits de meriendas para actividades juveniles y de género.
Aunque la DGCP detectó indicios de coordinación indebida, como la presentación de respuestas idénticas por la misma persona (Nicoska Oviedo Tejeda) desde diferentes correos electrónicos y similitudes estructurales en los documentos enviados, decidió no inhabilitar a las empresas por considerar que la evidencia no era concluyente.
ADOCCO, sin embargo, sostiene que existen vínculos operativos, familiares y societarios entre los accionistas y representantes de las empresas involucradas, incluyendo a Adalgisa Marlenia Tejeda Suazo, Laura Marie Melo Oviedo y Nicoska Oviedo Tejeda, lo que podría configurar una gestión coordinada y reiterada.
La organización señala que este presunto “Entramado Oviedo-Melo” podría haber incurrido en colusión, fraude contra el Estado, falsedad documental, alteración de procesos administrativos, manipulación de licitaciones y afectación a la libre competencia.
ADOCCO llamó a las autoridades competentes a investigar a fondo el caso y tomar las medidas correspondientes para evitar que este tipo de prácticas afecten la transparencia y legalidad en las compras y contrataciones públicas.
