Santo Domingo (RD).- Los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaron medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica, la medida de coerción contra el exministro Donald Guerrero.
Los jueces Rafael Báez, Doris Pujols y Daisy Indhira Montas, emitieron su fallo, contra el exfuncionario recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres por su presunta implicación en el caso Calamar.
Los magistrados consideraron que el imputado no presenta peligro de fuga ni ha obstruido la investigación desde que inició hace más de 3 años.
Basados en ese argumento, dispusieron variar la medida que ratificó la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, el pasado 11 de septiembre.
Los abogados de Guerrero Ortiz sostuvieron que con la decisión se reconoce que la imposición de la prisión preventiva constituía una medida “innecesaria, exagerada y abusiva”, ya que además de que el empresario tiene suficiente arraigo, no existe riesgo probado de que se sustraiga ni entorpezca el proceso que comenzó en octubre del 2020.
Variaron medida de coerción de prisión
“Con esta decisión se da un paso importante para seguir demostrando la plena inocencia de Guerrero Ortiz de los cargos que injustificadamente el Ministerio Público le ha imputado violando el debido proceso y la constitución”, expresó la defensa del encartado.
Según lo expresaron en distintas ocasiones los abogados de Donald Guerrero, desde que empezó la investigación, al exministro lo citaron en más de 14 ocasiones, solicitándole documentos y explicaciones por parte de la Procuraduría General de la República, las cuales en todas las ocasiones respondió a tiempo y con base probatoria que sustentara sus argumentaciones.
De igual forma, Guerrero siempre informó de su paradero a las autoridades de manera voluntaria reiterativa, continua y específica, notificando sus entradas y salidas al país de manera totalmente colaborativa y expedita.
El Ministerio Público le imputa al exfuncionario encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
