Santo Domingo (RD).- El exministro de Salud Pública, Lorenzo (Freddy) Hidalgo y el excontralor general, Rafael Antonio Germosén, permanecerán en arresto domiciliario, por disposición de un tribunal que les rechazó una solicitud para la variación de la medida de coerción.
Los exfuncionarios están encartados en el proceso judicial por corrupción administrativa seguido en contra de Juan Alexis Medina Sánchez y compartes.
La magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel Nivar, rechazó el pedimento de variación de la medida de coerción consistente en arresto domiciliario solicitado por las defensas de los acusados.
El tribunal también ordenó mantener las medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país (para ambos) y la presentación de una garantía económica de 10 millones de pesos a Freddy Hidalgo.
La juzgadora acogió el pedimento de que le sea retirado el localizador electrónico impuesto a Freddy Hidalgo.
Durante la audiencia, el Ministerio Público refutó los argumentos de las barras de las defensas de los acusados.
El órgano persecutor lo representaron por Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como por los fiscales litigantes Ernesto Guzmán Alberto, Yoneiby González, Elizabeth Paredes y Héctor García.
La jueza titular de la sala fijó para el miércoles 1 de noviembre la lectura íntegra de esta decisión.
Ambos acusados forman parte, según el órgano acusador, de un entramado de corrupción que desfalcó al Estado, malversó fondos e incurrió en lavado de activos.
Permanecerán en arresto domiciliario
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
