Santo Domingo.– El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó este lunes su cuarta rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, en un acto encabezado por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, y con la participación de legisladores de distintas bancadas.
Durante su intervención, Ulloa destacó el fortalecimiento institucional del órgano constitucional, resaltando logros en materia de transparencia, certificaciones por calidad en los servicios y un incremento sostenido en las acciones orientadas a la protección de derechos fundamentales.
Anunció que para el año 2026 se consolidará una estrategia de expansión territorial con la instalación de las “Casas de los Derechos” en las diez regiones únicas de planificación, conforme establece la Ley 345-22. Estos espacios funcionarán en alianza con universidades públicas y privadas como centros permanentes de orientación, escucha y empoderamiento ciudadano.
“Serán lugares de atención para quienes sientan vulnerados sus derechos. Este crecimiento institucional conllevará necesariamente un mayor respaldo presupuestario para garantizar resultados sostenibles”, afirmó Pablo Ulloa.
El defensor también resaltó el impacto de iniciativas como el Voluntariado del Defensor del Pueblo, Ruta de los Derechos, Diálogos en tu Comunidad y Constitución Animada, las cuales —según explicó— han permitido reducir el desconocimiento ciudadano sobre sus derechos y fortalecer la cultura democrática.
“Gracias a estas acciones, el Defensor del Pueblo se convirtió, según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2024, en la institución con mayor nivel de confianza en la defensa de los derechos fundamentales, con un 57.5 % de respaldo nacional”, señaló.
En cuanto a los resultados operativos, Ulloa informó que durante el 2024 se tramitaron 9,324 casos —individuales y colectivos— con un índice de respuesta del 96.2 %. Indicó además que se gestionaron directamente 2,336 casos, un incremento del 109.5 % con respecto al año anterior, y se abordaron 965 casos de oficio, lo que representa un crecimiento del 271 %. Las inspecciones también se incrementaron en un 54 % respecto al 2023.
Más de 312,000 personas resultaron beneficiadas de las actividades formativas, campañas de sensibilización, publicaciones en redes sociales y programas desarrollados en conjunto con el sector académico.
“Porque educar en derechos es blindar la democracia”, concluyó Ulloa.
