Santo Domingo.— La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecuta este viernes allanamientos simultáneos vinculados al caso SeNaSa. Los operativos se desarrollan en distintos puntos del país y abarcan centros relacionados con profesionales y prestadores de servicios de salud.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, confirmó la realización de los allanamientos. Informaciones preliminares señalan que varias personas han sido detenidas.
Reportan médicos detenidos
Hay disparidad entre diversos medios en torno a las detenciones. El Caribe informó inicialmente sobre la detención de más de 25 profesionales de la medicina durante las diligencias. Otros medios reportan cifras preliminares distintas. Diario Libre informó sobre al menos 29 detenidos, en su mayoría médicos.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha presentado públicamente un balance definitivo con las identidades y cantidad total de detenidos. Entre las personas mencionadas por elCaribe figura el médico Steven Rabassa, de San Pedro de Macorís.
Representantes del sector médico han cuestionado su detención y afirman que el profesional no trabaja con SeNaSa desde hace tres años. El Ministerio Público no había informado, al momento de las publicaciones consultadas, una imputación específica contra Rabassa.
Investigación permanece abierta
Las acciones forman parte de una investigación sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción relacionados con el Seguro Nacional de Salud. El caso original fue judicializado mediante la denominada Operación Cobra, en la cual figuran exfuncionarios y empresarios entre los procesados.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, permanece sometido al proceso judicial y cumple una medida de coerción. El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó recientemente cuatro meses adicionales al Ministerio Público para concluir la investigación.
La Pepca ha señalado anteriormente que las pesquisas permanecen abiertas y pueden abarcar personas distintas a las incluidas en la primera etapa judicial. Las autoridades todavía no han ofrecido todos los detalles sobre los establecimientos intervenidos, las evidencias ocupadas ni las posibles imputaciones.
Por tratarse de una investigación en desarrollo, las personas detenidas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
