El Ministerio Público pidió a la Corte de Apelación de Puerto Plata que eleve a cinco años de prisión la condena impuesta al beisbolista Wander Samuel Franco Aybar, hallado culpable de abuso psicológico y sexual contra una adolescente. En primera instancia, Franco había recibido una pena de dos años de prisión suspendida.
Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán, adscritos a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a la Fiscalía de Puerto Plata, también solicitaron al tribunal rechazar parcialmente el recurso de apelación presentado por la madre de la víctima, quien fue sentenciada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.
Los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardí conocieron la audiencia y se reservaron el fallo para el 9 de diciembre de 2025, a las 9:00 de la mañana. Durante la vista, el Ministerio Público pidió que la Corte emita una decisión más amplia sobre la motivación de la sentencia en lo relativo al lavado de activos vinculado con la explotación sexual.
Contexto del caso
El 27 de junio de 2025 el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, dictó la condena original.
En esa ocasión, el tribunal halló culpable a Wander Franco de violar el artículo 396, letras b y c, de la Ley 136-03, sobre Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, dispuso que el jugador no se acerque a menores con fines sexuales y le impuso el pago de 10 salarios mínimos y las costas penales del proceso.
La madre de la adolescente, por su parte, está en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago. Además de los 10 años de prisión, la sentencia ordenó el pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos y el decomiso de siete bienes incautados durante la investigación. Entre estos figuran un solar en Villa Montellano, un vehículo del año 2023, depósitos bancarios y sumas en dólares y pesos dominicanos.
Los jueces también dispusieron la confiscación de los equipos electrónicos y valores inmovilizados por el Ministerio Público y el pago de las costas procesales a cargo de la condenada.
El caso sigue generando atención pública por involucrar a una figura deportiva reconocida y por la gravedad de los delitos relacionados con la explotación sexual de menores. La decisión final de la Corte de Apelación se conocerá el próximo mes de diciembre.
