La audiencia clave definirá responsabilidades penales en el caso del colapso.
Santo Domingo, RD.- Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrentan este viernes el juicio de fondo por la tragedia ocurrida tras el derrumbe de la discoteca Jet Set. El proceso judicial busca establecer responsabilidades en un caso que dejó 236 fallecidos y cientos resultaron heridos en un hecho que conmocionó al país.
El juez Raymundo Mejía determinó que la conducta atribuida a los imputados se enmarca en homicidio involuntario, descartando la aplicación del dolo eventual. Esta decisión coincide con la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.
El magistrado explicó que el ordenamiento jurídico dominicano no contempla la figura del dolo eventual. Sin embargo, sostuvo que sí existió negligencia en los hechos vinculados al colapso del establecimiento.
Además, indicó que el derrumbe pudo evitarse si se hubiesen adoptado medidas oportunas. Este criterio refuerza la tesis de responsabilidad basada en imprudencia, sin intención directa de causar daño.
Postura de los querellantes
Por otro lado, representantes legales de varios querellantes mantienen una posición distinta frente a la decisión judicial. A su juicio, el caso debe ser calificado como homicidio voluntario con dolo eventual.
Los abogados argumentan que existía conocimiento previo de los riesgos estructurales del local. Según sostienen, pese a estas advertencias, no se adoptaron acciones efectivas para prevenir la tragedia.
Esta diferencia de criterios marca uno de los puntos centrales del debate en el juicio. La discusión jurídica gira en torno a si hubo solo negligencia o si también existió una conducta consciente frente al riesgo.
Empresas y terceros civilmente demandados
En el proceso también figuran varias entidades y personas como terceros civilmente demandados. Entre ellas se encuentran Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio e Inversiones CCEP-02, S. A.
De igual forma, fueron incluidas Evelyn Espaillat y Ana Grecia López. Estas partes deberán responder en el ámbito civil por los posibles daños derivados del colapso.
La inclusión de estos actores amplía el alcance del proceso judicial. Además, abre la puerta a eventuales indemnizaciones para las víctimas y sus familiares.
Un caso que mantiene atención pública
El juicio de fondo representa una etapa determinante en la búsqueda de justicia. Las decisiones que se adopten podrían sentar precedentes en materia de responsabilidad penal y civil en el país.
Mientras avanza el proceso, la atención pública se mantiene sobre el desarrollo de las audiencias. El caso continúa siendo un referente en el debate sobre seguridad estructural y cumplimiento de normas.
