SANTO DOMINGO. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará el juicio seguido al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el próximo 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, luego de rechazar la solicitud de nulidad presentada por las defensas.
La decisión establece que no existe fundamento para concluir que el uso de un mote en el proceso penal haya vulnerado el derecho de defensa. Sin embargo, el tribunal ordenó a las partes abstenerse de utilizar apodos para identificar el caso, en cumplimiento de un criterio establecido por el Tribunal Constitucional.
Tras conocerse esa decisión, Rodríguez difundió un documento en el que denunció presuntos abusos durante el proceso judicial que enfrenta por acusaciones de corrupción administrativa. El exfuncionario sostuvo que la persecución de la corrupción debe desarrollarse con estricto respeto al Estado de derecho y a las garantías fundamentales.
Cuestiona el manejo del proceso
En el documento, Rodríguez afirmó que algunas de las prácticas que denuncia forman parte de su experiencia personal. Señaló que un proceso penal no debe trasladarse a la opinión pública mediante filtraciones selectivas, informaciones incompletas o ruedas de prensa que, a su juicio, generan una condena anticipada.
También expresó que no deberían producirse presiones sobre jueces, abogados defensores ni otros actores del sistema de justicia. Agregó que periodistas, médicos, peritos y testigos deben ejercer sus funciones con independencia y sin temor a consecuencias personales.
Denuncia afectaciones personales
El exprocurador aseguró que un proceso penal no debe utilizarse para afectar el patrimonio, la actividad profesional, las relaciones familiares o el entorno de un imputado antes de que exista una sentencia definitiva.
Entre las situaciones que cuestionó mencionó presuntas intimidaciones a clientes y entidades financieras, amenazas contra personas vinculadas profesionalmente con él, restricciones para recibir visitas en centros penitenciarios y revisiones corporales a quienes acuden a esos recintos.
Asimismo, denunció el supuesto ocultamiento de pruebas relevantes, retrasos en la entrega de documentos y el uso de la prisión preventiva como una medida de castigo. También afirmó que el proceso ha excedido el plazo máximo de cuatro años previsto por la legislación.
Rodríguez concluyó que combatir la corrupción y garantizar los derechos fundamentales son principios que deben coexistir para asegurar una justicia imparcial.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el exprocurador habría participado en un esquema que presuntamente provocó la malversación de más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos desarrollados entre 2016 y 2020. Rodríguez rechaza las imputaciones y mantiene su defensa durante el proceso.
