El senador presentó documentos ante la DGCP y atribuyó el procedimiento a la nueva Ley de Contrataciones.
Santo Domingo, RD. El senador Gustavo Lara aclaró que no mantiene vínculos con GESPRO desde 2022. Según explicó, desde ese año no tiene participación societaria, administrativa ni comercial en la empresa.
Lara ofreció sus declaraciones mediante un comunicado dirigido a la opinión pública. También informó que depositó ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) los documentos que certifican su desvinculación.
El legislador explicó que el procedimiento administrativo está relacionado con la aplicación de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas. Esta normativa establece nuevas reglas sobre las incompatibilidades de funcionarios y legisladores.
Lara explica su posición
En su comunicado, Lara sostuvo que la participación minoritaria que tuvo anteriormente en GESPRO era compatible con las normas vigentes en ese momento. Según el senador, las nuevas incompatibilidades fueron establecidas posteriormente.
El legislador atribuyó el procedimiento actual a la entrada en vigor de la Ley núm. 47-25. También reiteró que no mantiene una relación vigente con la empresa.
“La participación minoritaria que mantuvo en GESPRO en su momento era compatible con el marco jurídico vigente en ese período. Las incompatibilidades que sustentan el actual procedimiento fueron establecidas posteriormente con la entrada en vigor de la Ley núm. 47-25”, señala el comunicado.
Lara insistió en que su desvinculación de GESPRO ocurrió en 2022. Además, señaló que presentó la documentación correspondiente ante la DGCP para respaldar su posición.
¿Qué establece la Ley 47-25?
La Ley 47-25 fue promulgada en julio de 2025. Su reglamento entró en vigencia a principios de 2026 y estableció reglas más estrictas para contratar con el Estado.
Entre sus principales cambios figura un nuevo régimen de incompatibilidades. La norma establece que senadores, diputados, ministros, directores y otros funcionarios no pueden contratar con el Estado.
Esta prohibición aplica sin importar el porcentaje de participación accionaria que tenga el funcionario en una empresa. La legislación también diferencia entre inhabilidades absolutas y relativas.
Las inhabilidades absolutas impiden contratar con cualquier institución pública. En cambio, las relativas se aplican a la institución donde trabaja el funcionario.
Además, la DGCP dispuso la suspensión de oficio de los Registros de Proveedores del Estado correspondientes a funcionarios incluidos en el Régimen de Inhabilidades.
Esta medida se mantiene durante el ejercicio del cargo. También continúa hasta un año después de que el funcionario abandone sus funciones.
Cambios frente a la Ley 340-06
La nueva legislación también modificó las reglas establecidas anteriormente por la Ley 340-06. Esa norma permitía a funcionarios y legisladores tener hasta un 10 % de participación accionaria en empresas contratistas del Estado.
Con la entrada en vigor de la Ley 47-25, esa posibilidad fue eliminada. El nuevo marco legal establece reglas más estrictas para quienes ejercen funciones públicas.
Por tanto, el caso explicado por Lara se desarrolla dentro del nuevo régimen de incompatibilidades. El senador sostiene que su situación debe analizarse tomando en cuenta el momento en que dejó de tener participación en GESPRO.
Compromiso con la transparencia
Finalmente, el Equipo de Comunicación de Gustavo Lara reafirmó su compromiso con la transparencia. También destacó el respeto al Estado de derecho y el cumplimiento de las leyes de la República Dominicana.
El senador mantiene que su situación no responde a una relación actual con GESPRO. Su posición se centra en la aplicación del nuevo régimen establecido por la Ley 47-25.
Entre los principales puntos del caso, Gustavo Lara afirma que salió de GESPRO en 2022 y que depositó ante la DGCP los documentos que respaldan su desvinculación. La Ley 47-25 estableció nuevas incompatibilidades para funcionarios y legisladores, mientras que la normativa eliminó el límite anterior del 10 % de participación accionaria. Además, la DGCP contempla la suspensión de los registros de proveedores correspondientes a funcionarios que se encuentren inhabilitados.
