Santo Domingo.- Tras revelarse el “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos”, emitido por el Departamento de Estado Estados Unidos, donde señala que en República Dominicana se expulsó masivamente a haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, el Gobierno local aseguró que éste no refleja la realidad actual de los derechos humanos en el país, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos.
«Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro asombro ante el tono agresivo e infundado del informe», señala en un breve comunicado, Homero Figueroa, vocero del Gobierno de República Dominicana y Director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, quien dijo que el Gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos y estamos dispuestos a dialogar constructivamente con nuestros amigos sobre cualquier preocupación legítima en esta área.
Adelantó que están estudiando el informe y responderán en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados.
Estados Unidos volvió a incluir en su “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos” que en República Dominicana hubo expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal y los abusos de derechos humanos asociados.
Citó que el cierre de la frontera con Haití por parte del Gobierno en septiembre y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos apátridas, colocaron a poblaciones que ya eran vulnerables en mayor riesgo.
Maltrato
“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos”, señala el informe.
Apunta que el Gobierno dominicano no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
Homicidios de Policía
Menciona que hubo varios informes de que la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad del Gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos durante el año.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que se asesinaron unas 75 personas entre enero y septiembre.
“Si bien la Fiscalía General procesó algunos casos de abuso por parte de la Policía, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de fe del público en el Gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la Policía.
