El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones formales en el juicio de fondo contra los implicados en el caso Coral, solicitando penas máximas de 20 años de prisión para los principales cabecillas de la presunta red de corrupción.
Durante la audiencia, Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, pidió al tribunal que condene a los imputados por violación a la Constitución, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos, entre otras infracciones graves.
Ortiz sostuvo que el conjunto probatorio presentado demuestra la existencia de una estructura organizada, que operó durante años en detrimento del patrimonio público.
Penas solicitadas y sanciones económicas
El órgano acusador solicitó 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, así como contra Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola.
Para estos procesados, el Ministerio Público solicitó además el decomiso masivo de bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades de alto valor, vehículos y activos financieros, a favor del Estado dominicano.
Según la fiscalía, estos bienes los adquirieron con fondos provenientes de actividades ilícitas vinculadas a la red investigada.
Pena reducida para delator del caso
En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el Ministerio Público pidió una condena especial de cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, en virtud de su cooperación efectiva con la investigación.
La fiscalía solicitó que se tome en cuenta el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario, para que la pena sea considerada cumplida en su totalidad, o que el tiempo restante sea ejecutado bajo la modalidad de pena suspendida.
Entre las condiciones propuestas figuran residir en un domicilio fijo, abstenerse del porte de armas de fuego y presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena.
Contexto adicional
El caso Coral investiga una presunta red de corrupción administrativa que habría operado desde instituciones militares y de seguridad del Estado, utilizando recursos públicos para beneficio personal de altos oficiales y civiles vinculados.
El juicio se encuentra en su fase final, a la espera de la decisión del tribunal tras la presentación de las conclusiones de las partes.
