La trama de corrupción en SeNaSa suma confesiones y refuerza acusación oficial.
Santo Domingo, RD.– Al menos diez de los imputados en la Operación Cobra 2.0-A han admitido su participación en el entramado de corrupción administrativa que operaba en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La revelación fue hecha por la procuradora de corte Mirna Ortiz, quien destacó la firmeza del expediente presentado ante la justicia.
El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. En ella, pidió 18 meses de prisión preventiva contra 26 personas arrestadas, vinculadas a la estructura que habría sustraído fondos públicos mediante prácticas fraudulentas.
Ortiz subrayó que las admisiones de culpabilidad evidencian la consistencia de la investigación. “Diez de los imputados han admitido los hechos, lo que confirma la fortaleza de nuestras imputaciones”, afirmó tras la audiencia, que fue aplazada para el jueves 24 de septiembre.
Solicitud de coerción y declaración de complejidad
El equipo del Ministerio Público, encabezado por Wilson Camacho, presentó argumentos y pruebas para sustentar la prisión preventiva. También solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a la pluralidad de hechos, víctimas e implicados.
El juez Rigoberto Sena ordenó formalizar la solicitud, mientras que la audiencia fue pospuesta para continuar su conocimiento. La acusación sostiene que la medida es necesaria para garantizar el proceso y proteger las evidencias.
Entre los imputados figuran médicos, funcionarios y prestadores de servicios de salud, señalados por su presunta participación en la red. Las autoridades consideran que se trata de un esquema organizado con alcance significativo dentro del sistema sanitario.
Pruebas y afectación al sistema de salud
Durante la audiencia, Ortiz explicó que el caso no solo implica un daño económico. “Aquí se vulneró el derecho fundamental a la salud”, expresó, al detallar que se generaban cargos ficticios que reducían los beneficios a pacientes del SeNaSa.
El Ministerio Público presentó un total de 483 pruebas, incluyendo documentos, evidencias materiales y periciales. Estas sustentan la acusación de delitos como estafa contra el Estado, soborno, falsificación de documentos y lavado de activos.
Las investigaciones apuntan a la existencia de maniobras fraudulentas sistemáticas. Entre ellas, la alteración de registros financieros y la creación de programas sin respaldo legal para desviar recursos públicos.
Red de corrupción y procesos vinculados
Según la acusación, la estructura habría sido encabezada por el exdirector del SeNaSa, identificado como el principal responsable del esquema. En la primera fase de la operación ya se habían producido arrestos clave relacionados con la red.
El Ministerio Público también avanza en líneas paralelas de investigación. Entre ellas, la Operación Onco14, que destapó irregularidades vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
En ese caso, varios implicados enfrentan medidas de coerción por su presunta participación en maniobras que afectaron a pacientes oncológicos y al sistema de salud pública.
Investigación en curso y posibles sanciones
Las autoridades buscan no solo sanciones penales, sino también el decomiso de los fondos sustraídos al Estado. El proceso continúa en fase judicial, con la expectativa de que el tribunal adopte medidas acordes con la gravedad de los hechos.
El Ministerio Público insiste en que la magnitud del caso justifica la prisión preventiva. Además, reitera que la prioridad es garantizar justicia para las víctimas y proteger el derecho a la salud de los ciudadanos.
