La decisión del Tribunal Constitucional fortalece control patrimonial y transparencia en gestión pública.
Santo Domingo, RD. – El Tribunal Constitucional (TC), mediante la Sentencia TC/0855/26, confirmó la constitucionalidad de disposiciones clave de la Ley núm. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. Esta normativa obliga a funcionarios que ejercen funciones de dirección y administración en entidades estatales, incluidos directivos del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), a presentar su declaración jurada.
La decisión representa un respaldo directo a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). También valida las acciones impulsadas por su presidenta, Emma Polanco Melo, enfocadas en fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión del patrimonio de los servidores públicos.
Alcance de la sentencia del TC
El Tribunal Constitucional rechazó en cuanto al fondo la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra varios numerales del artículo 2 y el artículo 21 de la Ley núm. 311-14. En consecuencia, declaró estas disposiciones conformes con la Constitución dominicana.
Al evaluar el caso específico de Banreservas, la alta corte determinó que la obligación de declarar patrimonio abarca a quienes participan en la dirección, administración y gestión de entidades cuyo capital pertenece al Estado. Este criterio establece un deber reforzado de transparencia patrimonial para dichos funcionarios.
La sentencia también aclara el alcance institucional de la Cámara de Cuentas. El órgano fiscalizador no invade ni sustituye las atribuciones de la Junta Monetaria, el Banco Central o la Superintendencia de Bancos.
Mientras estas entidades regulan y supervisan la actividad financiera, la Cámara de Cuentas se limita a verificar el patrimonio personal de los funcionarios y el origen de sus bienes. Esta función se ejerce conforme a lo establecido en la Ley núm. 311-14, garantizando un equilibrio entre control patrimonial y autonomía del sistema financiero.
Seguimiento y control ciudadano
Como parte de sus acciones para asegurar el cumplimiento de la ley, la Cámara de Cuentas mantiene un monitoreo constante sobre los funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio. La institución publica bimestralmente, a través del portal Ojo Ciudadano, la lista de servidores públicos que permanecen omisos.
Esta práctica fortalece el acceso a la información y promueve el control social, permitiendo que la ciudadanía supervise el cumplimiento de esta obligación legal.
Compromiso con la transparencia institucional
La Cámara de Cuentas valoró la Sentencia TC/0855/26 como un precedente relevante que refuerza la seguridad jurídica. Además, reafirma la importancia de la declaración jurada como herramienta clave para promover la transparencia patrimonial, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la administración pública.
Bajo la dirección de Emma Polanco Melo, la entidad reitera su compromiso de continuar ejerciendo sus funciones con independencia, rigor técnico y apego a la Constitución. El objetivo es garantizar un manejo adecuado de los recursos públicos y fortalecer la institucionalidad democrática.
