La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el 15 de diciembre el conocimiento del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros ocho imputados en la Operación Camaleón, caso que investiga una presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos.
La magistrada acogió de forma parcial la solicitud de extensión de plazo presentada por las defensas de varios imputados, entre ellos los abogados Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo, representantes de Hugo Beras. La jueza otorgó 20 días hábiles adicionales a las partes para el análisis de las pruebas, en aplicación del artículo 299 del Código Procesal Penal.
“Este tipo de casos, cuando son declarados complejos, requieren que el tribunal sea razonable y conceda tiempo suficiente para la revisión del expediente”, explicó la jueza Rivas durante la audiencia.
La decisión se produce en un proceso declarado complejo desde octubre de 2024, cuando la magistrada Fátima Veloz impuso medidas de coerción a varios de los implicados. Aunque el Ministerio Público había solicitado una prórroga de 25 días y las defensas pedían entre 45 y 60, el tribunal optó por un punto intermedio de 20 días.
Tras el fallo, los abogados de Beras solicitaron la reconsideración del plazo, alegando que no es suficiente debido a su participación paralela en la audiencia preliminar del caso Calamar, que también involucra al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
Rebeldía
Durante la sesión, la jueza Rivas también declaró en rebeldía a la empresa Industria Soltex Dominicana S.R.L., vinculada a Gómez Canaán, y ordenó la publicación de sus datos conforme establece la ley.
A su salida del tribunal, Gómez Canaán aseguró que está dispuesto a enfrentar el proceso. “Voy a leer el expediente completo y responderé en los tribunales”, dijo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a diez personas y siete empresas de conformar una estructura que operaba desde el Intrant y el Ministerio de Defensa, mediante contratos irregulares y maniobras de lavado de activos.
Entre los imputados figuran:
Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También están acusadas las empresas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según el expediente, la red habría utilizado contrataciones públicas fraudulentas para desviar fondos estatales y ejecutar operaciones financieras ilícitas, con Gómez Canaán como eje central del esquema.
