La reforma ha generado posiciones distintas entre representantes empresariales, economistas, dirigentes políticos y organizaciones sociales
SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader promulgó la nueva ley de medidas fiscales, luego de su aprobación este jueves en el Congreso Nacional. La Presidencia identificó la normativa como la Ley 30-26, sobre medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional.
La disposición formaliza un conjunto de modificaciones orientadas a reorganizar la estructura fiscal. También busca aumentar la eficiencia en la recaudación estatal.
Cambios fiscales
La normativa incluye ajustes relacionados con el Impuesto Sobre la Renta y los impuestos selectivos al consumo. Además, contempla mecanismos de fiscalización y cumplimiento tributario. Según las autoridades, el objetivo central es modernizar el régimen fiscal, ampliar la base de contribuyentes y reducir la evasión.
Entre los puntos citados figura la revisión de los anticipos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas. La medida busca aliviar cargas operativas y favorecer la formalización de las Mipymes. También se contemplan incentivos para sectores productivos considerados estratégicos. El Gobierno sostiene que estos mecanismos pueden contribuir al crecimiento económico.
Finanzas públicas
El Ejecutivo afirma que las medidas forman parte de una estrategia para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. La reforma también procura mejorar la transparencia del sistema tributario. Otro objetivo es garantizar más recursos para áreas esenciales.
Entre esas áreas figuran salud, educación e infraestructura, según los argumentos presentados por las autoridades. El proyecto fue declarado de urgencia en el Congreso. Esa decisión permitió su aprobación en un plazo reducido.
Opiniones divididas
La reforma ha generado posiciones distintas entre representantes empresariales, economistas, dirigentes políticos y organizaciones sociales. Algunos sectores valoran los esfuerzos de modernización fiscal. Otros advierten posibles efectos en los costos de producción, el consumo y el poder adquisitivo.
El debate continuará tras la promulgación de la ley. Su aplicación determinará el alcance real de los cambios en hogares, empresas y sectores productivos.
