Santo Domingo (RD).- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo afirmó que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader es respetuoso del carácter vinculante e irrevocable de las decisiones del Tribunal Constitucional.
Antoliano Peralta Romero, se refirió a la situación de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional pendientes de ejecución por parte de órganos de la Administración Pública.
Abordado por periodistas, el funcionario sostuvo que 68 de 73 de las sentencias constitucionales sin ejecutar aún las emitieron en las pasadas administraciones gubernamentales.
Aseguró que, desde el inicio de la actual gestión, la dependencia bajo su mandato da seguimiento al estatus de aquellas sentencias de la alta corte que conminan a la administración central y descentralizada a ceñirse al orden constitucional.
Dijo que en los archivos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reposan copias de las comunicaciones que esa oficina remite a las instituciones gubernamentales, así como al propio Tribunal Constitucional, a los fines de dar seguimiento al acatamiento de las decisiones de ese órgano extrapoder.
“Tan pronto el presidente del Tribunal Constitucional manifestó, a finales de enero de este año, que varias sentencias de esa jurisdicción eran desacatadas por la Administración Pública, la Consultoría Jurídica le procuró la lista de tales decisiones, con el fin de continuar el indetenible camino trillado por este gobierno de llevar el comportamiento de la Administración al estricto cumplimiento de la Constitución y la ley”, sostuvo el funcionario.
Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo
Peralta Romero insistió en que el Poder Ejecutivo tiene claro el principio de continuidad del Estado y que respetará sin lugar a dudas, lo decidido por el máximo intérprete de la Constitución.
El funcionario reconoció que no todas las sentencias son de fácil ejecución, comentando que algunas requieren inscripción en partidas presupuestarias futuras o localización de terrenos del Estado que puedan sustituir a otros ya enajenados por terceros, de tal suerte que el cumplimiento cabal de las sentencias no constituya un daño ulterior para terceros o para el propio Estado.
“Pero que sin importar el esfuerzo requerido, el gobierno trabaja continuamente en acatarlas, resaltando el alto grado de respeto que impera en la Presidencia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo hacia el Tribunal Constitucional, sus decisiones y su trayectoria”, insistió.
Reiteró que el país puede tener la confianza de que en la actual administración se trabaja permanentemente en la corrección de todas aquellas conductas antijurídicas del pasado.
