Tras años de espera, afectados reclaman decisiones judiciales oportunas y transparentes.
Santo Domingo, RD. — Un grupo de adquirientes que realizó pagos anticipados por apartamentos del proyecto Torre Bello Horizonte, ubicado en el Distrito Nacional, manifestó su creciente preocupación por la prolongación del proceso judicial iniciado para esclarecer los hechos y garantizar la protección de sus derechos.
Los afectados explicaron que han transcurrido más de cinco años desde la presentación de las querellas en 2021, sin que el caso haya sido conocido ni decidido en el fondo. Durante este tiempo, indicaron que han cumplido con todos los requerimientos legales, aportando documentos y asistiendo a las instancias correspondientes.
Aplazamientos e incidencias
Según señalaron, los expedientes han atravesado múltiples aplazamientos, recursos e incidencias procesales, lo que ha impedido alcanzar una decisión dentro de un plazo razonable. Esta situación, sostienen, ha generado incertidumbre y ha prolongado el perjuicio económico y emocional de los denunciantes.
El grupo está compuesto por José Enrique Yáber Hernández, José Manuel Santana Arias, Julio Nicolás Rodríguez Martínez, Carlos E. Fernández y Juan Heriberto Pérez Arboleda, quienes reiteraron su preocupación por el rumbo del proceso.
Temor a interferencias
Los adquirientes advirtieron que la dilación no solo afecta sus intereses, sino que también podría abrir espacio a posibles interferencias indebidas. En ese sentido, afirmaron que existe un temor razonable de que intereses externos intenten influir en el curso judicial, lo que dificultaría el esclarecimiento de los hechos.
Ante esta situación, solicitaron garantías institucionales que aseguren un conocimiento independiente, transparente y oportuno del expediente, sin interferencias de ningún tipo.
Reclamo de justicia sin privilegios
Los denunciantes aclararon que no buscan privilegios ni decisiones anticipadas. Su objetivo es que el proceso avance conforme a la ley y que todas las partes puedan presentar sus argumentos y pruebas en igualdad de condiciones.
Precisaron que el tribunal debe emitir una decisión sobre el fondo del caso, respetando el debido proceso y asegurando una resolución justa. Insisten en que la justicia debe actuar con celeridad, evitando que las demoras vacíen de contenido sus derechos.
Impacto económico y personal
Además de las pérdidas económicas derivadas de no recibir los inmuebles por los que pagaron, los afectados señalaron que han enfrentado consecuencias personales y familiares significativas. A esto se suma un proceso judicial prolongado que, según indican, se ha convertido en una segunda forma de perjuicio.
“Confiamos en las instituciones del sistema de justicia, pero esa confianza debe estar respaldada por actuaciones oportunas, transparentes e independientes”, expresaron.
Llamado a las autoridades
Finalmente, los adquirientes solicitaron a las autoridades judiciales adoptar medidas que eviten nuevos retrasos injustificados. También pidieron preservar la integridad del expediente y garantizar que el caso sea conocido en el fondo en el menor tiempo posible.
Concluyeron que, después de más de cinco años de espera, su petición es clara: acceder a una justicia efectiva y oportuna. Advirtieron que cuando un proceso se extiende indefinidamente, deja de ser una simple demora y comienza a percibirse como una forma de denegación de justicia.
