Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota (Carandai), supuesto confeso asesino del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera pidió a la Fiscalía del Distrito Nacional que se le permita una entrevista con diferentes medios de comunicación para dar su versión de los hechos.
El imputado hizo la solicitud mediante una instancia enviada a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, a través de sus abogados Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez.
Pidió que la entrevista se realice en la celda en donde guarda prisión con las periodistas Julissa Céspedes y Alicia Ortega, la Z-101, El Sol de la Mañana, sin que esto sea limitativo a los demás medios de comunicación.
En la petición de diligencia la defensa del imputado, recluido en la cárcel de Najayo-Hombre, pide que la entrevista sea en presencia de los funcionarios del Ministerio Público que por su interés tenga la fiscal titular designar para los fines legales correspondientes.
“Este señor (Miguel Cruz de la Mota), nos ha pedido de manera enérgica que quiere que la sociedad y los medios de comunicación escuchen la versión que él tiene de lo sucedido”, acotó Ybo René.
Manuel Sierra dijo que además están pidiendo mediante posposición de diligencia a la fiscal Ramos que le entreguen copia de la entrevista realizada a su defendido a escasos minutos después de ocurrir el crimen, así como copia de los videos tanto en la parte exterior como la parte interior del Ministerio de Medio Ambiente.
Igualmente, pidieron al Ministerio Público entregarle todas las conversaciones de WhatsApp del teléfono del imputado, desde los últimos tres días hasta las últimas horas cuando Cruz de la Mota se lo entregó a las autoridades.
Cruz de la Mota se entregó a las autoridades luego de provocar la muerte de su amigo el 6 de junio en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente.
De acuerdo con el Ministerio Público, Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota (Carandai), imputado del asesinato de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales es “un asesino frío y calculador”.
El organismo acusador estableció que el móvil del crimen fue por la negación de un permiso para la empresa Aurum Gavia, S.A., la cual se encuentra bajo investigación, y que había solicitado para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas.
