Empresas acogidas a la Ley de Incentivo Fronterizo han estado usando mecanismos con los que podrían evadir el pago de impuestos.
Así se deduce de lo revelado en el estudio “Impacto de Ayudas Estatales desde la Perspectiva de la Competencia. Caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo 28-01”, realizado por el Grupo de Consultaría Pareto (GC Pareto), y presentado por ProCompetencia.
De acuerdo a informaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), existen 118 empresas acogidas al régimen especial de desarrollo fronterizo, de las cuales 107 tuvieron operaciones en 2019, pero las publicaciones del Consejo Coordinador de Desarrollo Fronterizo (CCDF) solo dan cuenta de 79 empresas.
“Esto lleva a la presunción de que existen varias empresas que podrían estar recibiendo ayudas estatales, sin estar formalmente registradas ante el organismo coordinador de la ley de incentivos regionales”, expresó Rolando Guzmán, director ejecutivo de GC Pareto.
Los resultados del estudio fueron presentados en el auditorio de la biblioteca de la Universidad Católica de Santo Domingo, con la participación de funcionarios, economistas y autoridades de la zona fronteriza.
La presidenta del consejo directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez, entregó un ejemplar del referido estudio al presidente Luis Abinader.
