Santo Domingo (RD).- Siete de doce imputados Operación Gavilán admiten hechos de alterar y borrar registros de antecedentes penales a 16,958 personas, informó el Ministerio Público.
La fiscal Sourelly Jáquez dijo que los incriminados aceptaron los hechos contenidos en la medida de coerción presentada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Para cinco principales cabecillas de la red el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y para los siete que admitieron los hechos, quienes colaborarán con la investigación del Ministerio Público, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica. Además, solicitó declarar de tramitación compleja el proceso.
Al responder preguntas sobre qué hará el Ministerio Público con las personas a quienes les borraron las fichas, dijo que “primero, se está restableciendo ya la base de datos de la Procuraduría General de la República, se tomaron las medidas previamente, antes, incluso, del operativo que dio origen a esta medida de coerción, y con relación a los beneficiados también”.
Agregó “que, en una segunda fase, muchos de ellos (a los que les borraron las fichas), van serán también sometidos por haber pagado los sobornos”.
El juez Rigoberto Sena se reservó la lectura del fallo para este miércoles 9 de agosto, a las 6:00 de la tarde, contra los 12 imputados por el Ministerio Público en la Operación Gavilán, una red que se dedicaba a eliminar y borrar los antecedentes criminales a cambio de soborno.
Sobre el proceso, Jáquez dijo se investigará todo el que esté implicado en esos hechos.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
Imputados Operación Gavilán admiten hechos
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
El pasado 1 de agosto el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
Con las acciones de borrar antecedentes penales, por parte de la red criminal, se beneficiaron sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
El sometimiento del grupo a la justicia fue por los delitos que se tipifican en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
