Santo Domingo (RD).- Solicitó prisión preventiva el Ministerio Público en contra de 12 personas arrestadas como parte de la Operación Gavilán.
La petición la hicieron los fiscales del caso ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para los arrestados como parte de la red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicaron durante años a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
Los fiscales solicitaron la declaratoria de caso complejo y pidieron la imposición de prisión preventiva como medida de coerción en contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco.
También a Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Solicitó prisión preventiva el Ministerio Público
La Operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
Con la eliminación de antecedentes penales ejecutados por la alegada red criminal se beneficiaron sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Los imputados por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
