Con la excepción de los inmigrantes que cuentan con tarjeta de residencia permanente o green card , el impuesto a las remesas aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos , y que ahora seguirá su curso legislativo en el Senado, podría implicar un golpe al bolsillo de unas 40 millones de personas, que envían dinero a sus países de origen para mantener a sus familias o sufragar gastos extraordinarios. Pero también será un problema para las economías de Estados cuyos arcas fiscales dependen cada vez más de los envíos de divisas que llegan desde la potencia del norte.
Enfatizando que el impuesto aún no se aprueba, la economista boliviana Claudia Pacheco, presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, dice a DW que “el primer país en ser afectado por esta medida va a ser México, porque el 40 por ciento de las remesas que salen de Estados Unidos son enviadas allí”.
De hecho, en 2024 México rompió su propio récord e ingresó 64,746 millones de dólares. El 99,1 por ciento de estas transferencias se realizan por medios electrónicos.
A nivel mundial México solo lo supera India como país receptor de remesas. La inmensa mayoría de quienes realizan estos envíos lo hacen para ayudar a sus familias, principalmente cónyuges, hijos y padres, en ese orden. Poco más atrás aparecen hermanos y abuelos como receptores. Esto demuestra el enorme impacto que tiene el trabajo de las personas que emigraron en las economías de sus familias y, por extensión, en la de sus países.
Poco para Estados Unidos, mucho para México
Según cifras del Banco Mundial , las remesas constituyeron en 2024 el 27,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, el 25,2 por ciento del de Honduras y el 19,6 por ciento del de Guatemala. Datos del 2023 muestran que, en el caso de El Salvador, las remesas suponen el 24,1 por ciento del PIB. En el caso de los países sudamericanos, las cifras son mucho menores, pero no por ello poco significativas. Para Colombia, por ejemplo, gira en torno al 3 por ciento.
Por muy potencia mundial que sea, Estados Unidos también necesita de ese dinero. Finalmente, las remesas que alimentan las economías de otros países son divisas que abandonan el ámbito financiero estadounidense. En esa lógica se entiende el impuesto que el gobierno de Donald Trump quiere instaurar.
“Para que podamos entenderlo más fácil”, dice Pacheco, “si un inmigrante quiere enviar 1.000 dólares a su país, va a tener que pagar 35 dólares de impuesto, además del costo transaccional. Se estima que dicho impuesto supondrá una recaudación de entre 1.800 y 2.000 millones de dólares”, apunta la experta.
La economista mexicana Gabriela Siller, directora de análisis económico en el Grupo Financiero BASE, explica a DW que si bien esa cifra suena grande, supone en torno al 0,046 por ciento de los ingresos fiscales totales de Estados Unidos. «Esto implica que el impuesto no aumentaría significativamente los ingresos del gobierno ni el bloqueo del envío de remesas provocaría un gran crecimiento económico”.
Para México, en cambio, “sí implicaría un duro golpe para entidades federativas como Guerrero, Michoacán y Zacatecas, en las que las remesas representan más del 10 por ciento del PIB estatal, y en el caso de Chiapas hasta el 15 por ciento”, señala el especialista. “En el plazo de un año podríamos ver una afectación en el crecimiento económico de 0,2 puntos del PIB”, agrega.
