El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, luego de que el Ministerio Público lo acusara de incurrir en delitos cibernéticos en perjuicio de Milagros Marina De Camps Germán, a través de publicaciones difamatorias en redes sociales.
La coerción, adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero, contempla una garantía económica de tres millones de pesos (RD$3,000,000), impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, como medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.
El tribunal acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sustentadas por el Departamento de Investigaciones de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, las cuales evidencian que el imputado habría incurrido en difamación e injuria reiteradas contra la víctima, afectando gravemente su reputación, entorno laboral y vida personal.
Una historia de ataques sistemáticos
De acuerdo con la instancia presentada, Martínez Jiménez habría realizado publicaciones de carácter ofensivo en distintas plataformas digitales en diversas fechas, dirigidas directamente contra De Camps Germán, una reconocida profesional del ámbito empresarial y social. Dichas publicaciones no solo afectaron su imagen pública, sino que también generaron consecuencias personales y profesionales, por lo que la víctima acudió a la vía judicial para proteger su integridad y dignidad.
El caso se inscribe dentro de una creciente preocupación por el uso de las redes sociales como medio para cometer delitos contra el honor y la reputación de ciudadanos, especialmente figuras públicas, a través de informaciones falsas, insultos y campañas de descrédito.
Solicitudes y proceso
Aunque el Ministerio Público solicitó una garantía económica de RD$10,000,000, además del impedimento de salida y la presentación periódica, el juez optó por una medida más moderada. La solicitud fue presentada por Kelvyn Colón, director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional; Marineldy Peña, procuradora fiscal y coordinadora del Departamento de Alta Tecnología, y el fiscalizador Rafael Reyes.
Las autoridades reiteraron su compromiso de aplicar la ley frente a este tipo de delitos, que atentan contra el derecho al honor y a la privacidad de las personas, en especial cuando se utilizan medios digitales para amplificar el daño.
El caso continúa en fase de investigación y se espera que, en las próximas semanas, se definan nuevas diligencias judiciales de cara a una posible apertura a juicio.
