“No somos racistas. No queremos haitianos y punto”. Es la primera frase que escuchamos en Dajabón, en la frontera de República Dominicana con Haití. La grita un hombre joven, mestizo, después de que rechazamos un servicio de transporte local que ofrece y no necesitamos.
Se la grita a Elena Lorac, la mujer negra, dominicana de padres haitianos, trabajadora social y defensora de derechos humanos que acompañó a DW en un viaje en bus interurbano desde la capital, Santo Domingo. Según él, no se trata de que Elena sea negra, sino de que “no sabe hablar”, tiene “otra nacionalidad”.
Elena nació y ha vivido toda su vida en República Dominicana. Su primera lengua es el español, con claro acento dominicano. Habla también creole, pero se le escucha el acento dominicano y le faltan palabras en esa lengua. Es una de más de 250 mil descendientes de haitianos registrados por la última Encuesta Nacional de Inmigrantes del país en 2017. Y una de las coordinadoras de Reconoci.do, un movimiento por los derechos civiles y políticos de dominicanos de ascendencia haitiana.
El miedo histórico a la “haitianización” del país
La historia de la frase que acabamos de oír es larga y compleja. El Día de la Independencia y proclamación del nombre actual de República Dominicana no celebra su separación de España, tras tres siglos de colonización, en 1821, sino de Haití, el Estado negro fundado por antiguas personas esclavizadas que gobernó por dos décadas, entre 1822 y 1844, la isla que hoy comparten.
De hecho, España volvió a ocupar su antigua colonia entre 1861 y 1865, a pedido del entonces Gobierno dominicano para protegerse contra otras incursiones haitianas. Eso hizo necesaria otra guerra de independencia, la Restauración, que “paradójicamente” contó con ayuda haitiana, señala a DW la antropóloga y activista afrodominicana Ochy Curiel. No obstante, hasta hoy, el país exhibe orgullosamente numerosos símbolos públicos de su herencia española.
Y, hasta hoy, desde los medios de comunicación, la literatura, la educación o la política, “se reitera, todo el tiempo, que los haitianos siempre han querido invadirnos, unificar la isla”, apunta Curiel. Y sostiene que “no fue una invasión sino una negociación” entre líderes de ambas partes de la isla lo que dio origen a aquella unificación.
Pero, más allá de la élite económica y política del país –visiblemente menos negra o mestiza que la mayoría de la población-, muchos dominicanos como Eliseo, un hombre negro de unos 60 años, empleado de un almacén en Santo Domingo, siguen definiendo hasta hoy como «invasores» a los inmigrantes haitianos.
Así, en 1937, por orden del dictador Rafael Trujillo, soldados dominicanos masacraron a entre 12 mil y 35 mil haitianos. Y fue justo en el 87 aniversario de esa masacre, el pasado 2 de octubre de 2024, que el actual presidente dominicano, Luis Abinader, anunció su más reciente plan de repatriaciones masivas con la meta de 10.000 expulsiones semanales, según hizo notar el ministerio de Exteriores de Haití.
El “peor manejo” de la migración haitiana
La inmigración irregular ha crecido con la crisis política, económica, humanitaria y de seguridad que vive Haití, sobre todo desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y el ascenso de la violencia de las pandillas. La última encuesta oficial de 2017 contó casi 500 mil inmigrantes haitianos en República Dominicana, pero expertos estiman que la cifra puede haberse duplicado hasta hoy.
Para el padre Osvaldo Concepción, conocido también como padre Chocolate y director de la ONG jesuita y defensora de derechos humanos Centro Montalvo, los últimos dos años han sido los de “peor manejo de las migraciones irregulares desde el enfoque de derechos humanos” en el país. Más de 250.000 migrantes irregulares fueron expulsados en 2023, y más de 276.000 en 2024, según cifras de la Dirección General de Migración (DGM), que no especifican, pero se refieren casi exclusivamente a personas haitianas.
Se acumulan denuncias de detenciones de mujeres embarazadas en hospitales. Hacinamiento en centros de detención que no proveen alimentación ni agua. O en camiones-jaulas que no cumplen con las condiciones mínimas fijadas por la ley de tránsito para el transporte de personas. Expulsión de menores no acompañados y de personas nacidas en el país que nunca vivieron en Haití o que poseían documentación migratoria en regla, confiscación de documentos y hasta trata de personas.
Denuncias de corrupción y trata de personas
Regularizarse “no es fácil” para nadie aquí, pero “ven un haitiano y ven un cajero automático”, dice a DW en Santo Domingo la inmigrante irregular cubana Carmen Álvarez (nombre cambiado). Asegura haber liberado varias veces a un amigo haitiano, detenido pese a poseer un documento que lo acredita como solicitante de refugio. Tuvo que pagar hasta 5 mil pesos dominicanos (80 USD), dice. Pero, percibida como mujer «blanca y cubana», no necesitó demostrar su identidad o situación migratoria, agrega.
13 mil pesos (200 USD) le pidieron a su vecino haitiano para soltarlo, dijo a DW un joven dominicano que le llevaba sus pertenencias y comida al centro de detención de Santiago de los Caballeros, y que prefirió no identificarse. “Todo dominicano sabe que la irregularidad de las migraciones en República Dominicana tiene lugar con la participación de los agentes del Estado”, confirma el padre Osvaldo Concepción, director del Centro Montalvo.
Además, el “racismo antihaitiano” se ha revelado como “racismo antinegro” con la detención de “gente negra dominicana que les parece haitiana”, asegura la antropóloga Ochy Curiel. DW contactó repetidamente desde noviembre a la Dirección General de Migración (DGM) para conocer su postura sobre estas denuncias y no recibió respuesta hasta la fecha.
Pero la institución asegura en comunicados públicos que respeta los derechos humanos de los migrantes detenidos, así como el derecho nacional e internacional. Y ha anunciado que revisó y actualizará su organización y procedimientos en 2025. Así como su colaboración con ministerios como los de Defensa, Trabajo, Exteriores, Interior y Policía, el Consejo Nacional para la Niñez y organismos internacionales vinculados a temas migratorios en el país.
Ser dominicanos: “No ser haitianos”
En 2010, el República Dominicana cambió su Constitución para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. El Tribunal Constitucional dio vigencia retroactiva a esa medida en 2013, convirtiendo en apátridas a decenas de miles de nacidos en el país de padres haitianos desde 1929. “Un genocidio civil” que exacerba el “antihaitianismo” histórico, condena la antropóloga y activista dominicana Ochy Curiel.
La identidad nacional dominicana se forjó en torno a “no ser haitiano”, considerando a los vecinos como “más negros, más empobrecidos, un Estado fallido”, enumera Curiel. Mientras el azúcar fue fundamental en la economía, la mano de obra en el corte de caña fue haitiana y los dominicanos estaban en la administración, ilustra. A la pregunta de quiénes somos, se respondió con una vuelta a la hispanidad como “civilización” y una negación de la africanidad como “barbarie”, coincide el padre Chocolate.

