Asegura que decisiones municipales contradicen actos emitidos y firmados por la propia Alcaldía.
Santo Domingo, RD.- El Grupo Choroni, empresa promotora del proyecto Everest Tower, aseguró que la difusión pública de la sentencia núm. 0030-1642-2026-SSEN-00280 omitió un elemento clave. Según la compañía, los tres actos administrativos anulados fueron redactados, evaluados y firmados por la propia Alcaldía del Distrito Nacional durante la actual gestión municipal.
La decisión fue emitida el pasado 9 de julio por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA). No obstante, la empresa considera que la narrativa pública no refleja completamente el origen de dichos permisos.
Responsabilidad institucional señalada
El abogado del Grupo Choroni, Julio Cury, afirmó que la institución municipal incurrió en una contradicción. Explicó que fue la propia Dirección de Planeamiento Urbano del ADN la que evaluó el proyecto, lo aprobó y posteriormente renovó las autorizaciones durante tres años consecutivos.
“La alcaldía se dio un tiro en el pie”, sostuvo el jurista, al insistir en que la entidad fue responsable de todo el proceso administrativo. Además, subrayó que la empresa promotora no intervino en la elaboración ni en la validación interna de los actos.
Cury indicó que el Grupo Choroni se limitó a solicitar los permisos requeridos y a recibir las aprobaciones emitidas por las autoridades correspondientes. En ese sentido, defendió que el desarrollo del proyecto se realizó bajo la presunción de legalidad de los actos administrativos.
Acción de lesividad y contradicciones
El abogado también señaló que el propio ADN decidió posteriormente acudir al TSA mediante una acción de lesividad. Con esta medida, la institución solicitó la anulación de los mismos actos que había aprobado en tres ocasiones.
A juicio del jurista, si los certificados resultaban incompatibles con la normativa interna municipal, correspondía a la alcaldía advertirlo antes de su emisión. “Nadie más que ella los tramitó, revisó, selló y expidió”, enfatizó.
El Grupo Choroni recordó que los permisos fueron emitidos en los años 2020, 2022 y 2023, todos bajo la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía. En consecuencia, considera que actuó siempre conforme a las autorizaciones otorgadas por la autoridad competente.
Impacto y postura de la empresa
La empresa calificó la anulación de estos actos como una derrota institucional, al tratarse de decisiones que invalidan años de aprobaciones consecutivas. Además, advirtió sobre el impacto económico del caso, destacando que en el proyecto se han invertido cientos de millones de pesos.
En ese contexto, cuestionó que la administración municipal no haya verificado previamente la legalidad de sus propios actos antes de autorizar el desarrollo del proyecto.
La sentencia no es definitiva
Grupo Choroni informó que la decisión del TSA ya fue recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia. La acción fue presentada ante la Tercera Sala, acompañada de una solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia.
El abogado explicó que el fallo no tiene carácter definitivo, ya que no posee la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Por ello, considera prematuro presentar la decisión como el desenlace del conflicto.
“La controversia apenas inicia su recorrido ante la Corte de Casación”, concluyó Cury, dejando claro que el proceso judicial continuará en las instancias superiores.
