SANTO DOMINGO. El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó este viernes la apertura a juicio contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez.
La decisión se produce por su presunta vinculación a una red de corrupción administrativa y lavado de activos, de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público. Gómez Canaán figura como propietario de la empresa Aurix, una de las compañías mencionadas en el expediente.
También deberán enfrentar juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda. Ambos ocuparon funciones en el Intrant. Padovani Báez fue señalado como exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. Baquero Sepúlveda fue identificado como exdirector de Tecnología de esa institución.
Otros imputados
La apertura a juicio también incluye a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras. Además, figura Juan Francisco Álvarez Carbuccia, señalado como director administrativo y financiero del Intrant.
En el proceso también aparecen Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso. El tribunal acogió la acusación contra varias empresas vinculadas al expediente. Entre ellas figuran Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L. y OML Inversiones S.R.L.. También fueron incluidas PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Contexto adicional
El Ministerio Público acusa a los imputados de pertenecer a una presunta red de corrupción y crimen organizado. Según la acusación, la estructura habría incurrido en desfalco, estafa contra el Estado, falsificación y coalición de funcionarios.
El órgano persecutor también les atribuye contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Con esta decisión, el caso avanza a la etapa de juicio de fondo. En esa fase, el Ministerio Público deberá presentar sus pruebas ante el tribunal competente.
