Condena solicitada sacude caso Silverio en justicia dominicana

Redacción: Gerardo Davis
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Ministerio Público pide siete años por usurpación y estafa en salud

Santo Domingo, RD. El Ministerio Público solicitó ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional una condena de siete años de prisión contra la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien.

El órgano acusador también requirió la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, así como el decomiso de pruebas ocupadas durante el proceso judicial.

Asimismo, pidió la variación de la medida de coerción a prisión preventiva, alegando la gravedad de los hechos y el incremento del peligro de fuga.

Acusación y presunto esquema

Durante sus conclusiones, el Ministerio Público sostuvo que la procesada desarrolló un esquema de estafa contra padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA).

Indicó que Silverio se hacía pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, sin contar con formación académica ni acreditaciones legales exigidas.

Las fiscales Magalys Sánchez y Laura Vargas afirmaron que la imputada captaba pacientes mediante falsas credenciales en su centro Knowledge Land, conocido como Kogland.

Investigación y pruebas documentales

El Ministerio Público explicó que una investigación permitió verificar que la acusada no posee registro académico válido ni habilitación legal en áreas de salud.

Las certificaciones fueron emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.

Según el expediente, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente para generar confianza en familias.

Las pruebas testimoniales evidenciaron que la acusada realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin aval profesional a menores atendidos en su centro.

Incluso, llegaba a diagnosticar condiciones clínicas inexistentes, lo que provocó afectaciones en la salud de los niños y retrasos en tratamientos adecuados.

Los padres afectados, constituidos en querellantes, aseguraron que confiaron en la imputada buscando soluciones médicas especializadas para sus hijos.

Operación irregular y fines económicos

El órgano persecutor destacó que el centro operaba sin habilitaciones requeridas y fue clausurado por el Ministerio de Salud Pública tras detectar irregularidades.

Informes financieros incorporados al proceso evidenciaron que las actividades tenían fines lucrativos, generando ingresos significativos mediante servicios ofrecidos a familias.

El Ministerio Público afirmó que el engaño fue utilizado como mecanismo para obtener beneficios económicos de personas en condición de vulnerabilidad.

El caso fue calificado como violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo estafa, falsificación y uso de documentos falsos.

También se señalaron infracciones a la Ley General de Salud y la normativa de protección de niños, niñas y adolescentes en el país.

Tras escuchar a las partes, la jueza Milagros Ramírez Cabrera cerró los debates y fijó el fallo para el 14 de abril de 2026.

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