Iniciativa busca blindar libertades y evitar prisión por críticas públicas
Santo Domingo, RD.– La diputada por Puerto Plata, Lidia Esther Pérez de Taveras, depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal dominicano.
La iniciativa pretende corregir disposiciones que, según la legisladora, podrían vulnerar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la crítica, la denuncia y el debate público.
Este nuevo paso se suma a una agenda legislativa iniciada el pasado 6 de mayo, cuando la congresista sometió otra propuesta orientada a garantizar la libertad de expresión y prohibir la censura previa.
Dos proyectos con un mismo objetivo
Ambas piezas legislativas están diseñadas para complementarse entre sí. Su finalidad es clara: asegurar que ningún ciudadano sea perseguido penalmente por opinar, criticar, denunciar o ejercer el periodismo.
Mientras la primera iniciativa establece garantías generales, la segunda se enfoca en corregir artículos específicos del Código Penal que podrían permitir sanciones de prisión por expresiones públicas.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar”, afirmó Pérez, al tiempo que subrayó que las sanciones deben aplicarse únicamente a conductas realmente dañinas.
Cambios clave en el Código Penal
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la eliminación de penas de prisión por difamación e injuria, sustituyéndolas por multas y medidas de reparación proporcional.
Asimismo, se introduce el criterio de dolo, que establece que solo habrá responsabilidad cuando se demuestre que una información fue difundida con conocimiento de su falsedad o desprecio por la verdad.
Otro punto fundamental es la eliminación del delito de ultraje a funcionarios públicos, lo que impediría sancionar penalmente expresiones críticas dirigidas a autoridades.
Protección a víctimas sin criminalizar opiniones
El proyecto también redefine los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying, exigiendo condiciones claras como conducta reiterada, daño verificable y gravedad comprobada. A la vez, excluye de manera expresa las opiniones, críticas, sátiras o denuncias sobre temas de interés público, evitando así interpretaciones abusivas de la ley.
La propuesta mantiene sanciones severas en casos reales, incluyendo penas de hasta diez años cuando el acoso derive en consecuencias fatales previsibles.
Mano firme contra amenazas y chantaje
Las modificaciones contemplan sanciones estrictas contra el chantaje y las amenazas reales, especialmente aquellas ejecutadas mediante redes digitales o estructuras organizadas.
También se preserva la persecución de delitos vinculados a violencia, armas o crimen organizado, dejando claro que las protestas legítimas y publicaciones en redes no deben ser criminalizadas.
Advertencia constitucional y respaldo internacional
La diputada advirtió que su propuesta busca evitar posibles conflictos constitucionales que podrían invalidar partes del Código Penal en el futuro. En ese sentido, recordó que organismos internacionales han sostenido reiteradamente que los delitos de expresión no deben castigarse con prisión.
Además, destacó que el Ministerio Público dominicano ya había establecido en 2023 que no toda expresión ofensiva en redes sociales debe ser objeto de persecución penal.
Cierre: equilibrio entre justicia y libertad
La legisladora concluyó que el país necesita un Código Penal firme contra el delito, pero claro en la protección de las libertades fundamentales.
“Defender a las víctimas no puede significar silenciar ciudadanos”, afirmó, insistiendo en la necesidad de garantizar reglas claras que separen el delito real de la libre expresión.
