La frontera con Haití no es solo visible y palpable en el muro y los pasos fronterizos que dividen la isla compartida con República Dominicana. Se extiende hacia el interior. A los centros de retención donde cientos de detenidos guardan a resultar expulsados en horas o días próximos. A los camiones-jaula que los transportan entre las comunidades, los centros de retención y la frontera. Y, muy específicamente, a los bordes de los “bateyes”, antiguas comunidades cañeras.
Las comunidades más afectadas por la política de “persecuciones, detenciones y expulsiones forzadas”, intensificada por el Gobierno dominicano desde octubre de 2024, no están en la frontera, asegura a DW Yuderkys Espinosa, filósofa e investigadora afrodominicana, sino en antiguas o actuales zonas. cañeras o turistas, donde trabajaron o trabajan muchas personas haitianas, explica.
El fin de la amistad
Es el caso del batey Baraguana, uno de los cinco del ingenio Amistad, que molió su última zafra hace más de 20 años, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata. Es uno de los más de 400 bateyes de más de una docena de ingenios que alguna vez tuvo República Dominicana.
Entonces, esos ingenios funcionaban gracias a la mano de obra haitiana, garantizada por acuerdos bilaterales con los Gobiernos de ese país. Hoy, menos de la mitad sigue moliendo caña y produciendo azúcar.
La última vez que se recuerda haber contado, en 2012, los cinco bateyes de Amistad daban cobijo a más de 1.300 personas dominicanas, haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. En total, son al menos 200 mil las personas que hoy podrían seguir viviendo en bateyes, muchos transformados en barrios ya nada cañeros, según los cálculos de la ONU, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la prensa local.
Pero hoy nadie sabe decir con exactitud cuántas personas viven en Baraguana. Unas 300 y, entre ellas, unos 50 menores, todos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, calcula Chedeline Pierre, nacida en el batey hace 31 años.
“Pocas opciones de desarrollo”
Cuando un auto se desvía de la carretera que conecta a Baraguana con el resto del país, pasa primero por otro batey en el que abundan, sobre todo, casas pequeñas, pero de mampostería. Es un batey “mixto”, aclara Wendy Osirius, trabajadora social y defensora de derechos humanos que acompaña a DW y aprovecha el viaje para llevar donaciones de alimentos a personas mayores y familias con niños en Baraguana.
Mientras en este batey mixto “se percibe un nivel de desarrollo humano” –con servicios básicos como escuelas, parroquia católica, agua potable y electrificación sólida-, en los bateyes donde solo residen haitianos o sus descendientes no reconocidos como dominicanos “hay pocas opciones de desarrollo”, lamenta el activista.
El batey Baraguana, más al fondo de este paisaje rural, no tiene alcantarillado, sino letrinas. Sus casitas de madera las construyeron oenegés y “grupos de extranjeros”, dice Osirius. Los “barracones” –como llaman a las estructuras de mampostería concentradas en el centro del batey– los construyeron, en su momento, el CEA, una dependencia de la Presidencia de la República.
Osirius, de 37 años y originario de Cabo Haitiano, reside en Dominicana desde hace 33. “Legalmente”, aclara, porque esta es una suerte que no comparten los residentes de Baraguana. Muchos llevan más años que él residiendo en el país, y dedicaron gran parte de su vida a contribuir al desarrollo de la industria azucarera dominicana. Pero ni ellos ni sus descendientes tienen hoy una situación migratoria clara, y temen ahora terminar expulsados del país.
